Sanidad compró por 49.610 euros respiradores que no valen ni 20.000

El lunes 6 de abril habían muerto ya en España 13.055 personas por coronavirus. Ese mismo día, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), adscrito al Ministerio de Sanidad, adjudicó a la desconocida empresa Tec Pharma Europe, S.L. la compra de 200 respiradores electroneumáticos Eternity SH-300 por un importe conjunto de 8,2 millones de euros, que añadiendo el 21% de IVA se elevaba hasta los 9,922 millones de euros.

En total, el erario público pagó por cada respirador 41.000 euros. Con IVA, el coste de cada uno se elevó a 49.610 euros, más de 29.610 euros por encima del precio al que se ofertan hoy dispositivos exactamente iguales en internet. Con dicho valor de mercado, el sobreprecio abonado asciende a 5,922 millones de euros.

LA RAZÓN ha consultado con varios intensivistas y todos coinciden, además, en que esos respiradores son de transporte y apenas pueden utilizarse unas pocas horas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Las mismas fuentes afirman que son equivalentes a otra marca, los Dräger Oxylog 2.000. El precio de mercado en internet de estos últimos apenas llega a los 12.414 euros con IVA.

Fuentes del sector de estos equipos aseguran por su parte que el mejor respirador invasivolumétrico y por presión, con altas especificaciones, cuesta entre 18.000 y 22.000 euros. Las marcas más conocidas son Dräger, Maquet y Medtronic. El referente de los que combinan la función invasiva y la no invasiva es el V60 de Respironics (Phillips) y su precio es de unos 16.000, muy inferior también al pagado por el Ingesa.

Esta adjudicación fue publicada en el BOE el martes, 28 de abril, día en el que España contabilizaba ya 23.822 muertos por Covid-19, según las cifras de Sanidad. Al igual que sucedió con otros 13 contratos, la adjudicación se hizo por un procedimiento «negociado sin publicidad acelerado», lo que equivale a decir que se realizó sin concurso, bajo la justificación de que la situación era entonces «de extrema urgencia».

En éste y en los demás casos la firma adjudicataria del contrato fue la única que se presentaba, y hay también una característica común en todos ellos: en los anuncios de formalización el Ingesa consignaba que la dirección del destinatario era «desconocida», un hecho insólito en las prácticas de la administración. Nada más trascender, el ministro Salvador Illa, jefe directo del director del Ingesa que firma las contrataciones, Alfonso Jiménez Palacios, señaló que se trataba de «un error administrativo» que sería subsanado en breve. Tal y como informó este periódico, el Ministerio pagó por el material proporcionado por todas estas empresas adjudicatarias de «dirección desconocida» 313 millones de euros.

En el caso del contrato de los 200 respiradores, no fue hasta el pasado martes, 12 de mayo, cuando se subsanó el error. La empresa adjudicataria de la operación para proporcionar los equipos de ventilación, Tec Pharma Europe, S.L., tiene el domicilio en Granada. Más concretamente, en una población de 24.174 habitantes llamada Armilla. Dicha empresa empezó sus operaciones hace poco más de un año, el 31 de enero de 2019, cuenta con capital social de 3.000 euros y en el registro mercantil aparece como administrador único de la misma un ciudadano iraní, Armin Ghodsian Bazaz Bazarian. Su objeto social es variopinto. La adjudicataria de productos tan sofisticados como los respiradores Eternity SH-300 asegura en el registro que se dedica a la intermediación con medicamentos.

También a la fabricación de complementos alimenticios para animales, al comercio al por mayor de ordenadores y equipos periféricos, a la gestión de recursos informáticos, a portales web y a la «distribución, importación y fabricación de productos sanitarios», así como a la actividad de establecimientos de venta de productos sanitarios, entre otros asuntos. ¿Tenía licencia para la importación de los 200 respiradores? Dicho extremo no lo ha podido confirmar este periódico, pero en otras operaciones de adquisición de material como la de los test fallidos que hubo que retirar del mercado y devolver al fabricante chino Bioeasy se le concedió al intermediario, en este caso Interpharma, una licencia exprés después de la adjudicación por carecer de ella en el momento de la misma.

En la memoria justificativa de esta contratación, firmada por Jiménez Palacios, Sanidad subraya que uno de los objetivos del mencionado procedimiento «es poner dispositivos de ventilación mecánica a disposición de las unidades de cuidados intensivos en las que muchos de los pacientes afectados por el Covid-19 se encuentran ingresados. Por tanto, tener a disposición del Sistema Nacional de Salud estos equipos debe considerarse como una prioridad en estos momentos, ya que permitiría proporcionar a los pacientes en los centros hospitalarios, especialmente los casos más graves, la asistencia adecuada». En el momento en que se produjo la adjudicación, el 6 de abril, 6.931 pacientes de toda España habían requerido ya el ingreso en dichas unidades. La cifra acumulada es hoy de 11.463.

En la memoria, el Ministerio subraya que el procedimiento de emergencia de la compra está justificado «por la situación creada con el avance exponencial del Covid-19. La situación hace que a nivel mundial se incremente la demanda de material de protección para el abordaje del virus, circunstancia que ha desbordado la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este equipamiento. Por ello, y a fin de garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente, se hace necesaria la formalización inmediata de compromisos con las empresas comercializadoras». El texto añade que «se entiende que la empresa indicada responderá a la situación de emergencias de salud pública de forma adecuada y con la premura que dicha situación requiere, y por ello ha sido seleccionada».