El Supremo desnuda la nefasta gestión de Sanidad

El Ministerio de Sanidad se ha convertido en la casa de los líos. A su gestión calamitosa de la pandemia de coronavirus, enfrentándose a ella tarde y mal, se le ha sumado ahora el escándalo de los MIR. El mismo departamento que avaló la asistencia a las concentraciones del 8 de marzo pese a que el SARS-CoV-2 campaba libremente a lo largo y ancho de España es el que hasta ahora ha intentado vetar la elección física de plaza en un hospital o centro de salud a los médicos que han aprobado el examen MIR, alegando que su presencia física en la sede de Sanidad o en una subdelegación del Gobierno podría elevar el riesgo de contagio.

En su lugar, Sanidad ha tratado de instaurar la elección electrónica, carente de garantías, según han denunciado durante semanas los afectados y las organizaciones médicas de este país, encabezadas por una encomiable Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que preside Tomás Toranzo. El Supremo ha forzado finalmente al Ministerio a rectificar y a garantizar, por tanto, la elección que demandaban los médicos.

El letargo y la torpeza del Ministerio han generado un problema añadido. El retraso que lleva todo el proceso impedirá que más de 7.000 residentes empiecen a foguearse y a dar respaldo a unos sanitarios exhaustos tras meses de lucha contra el virus. Su incorporación a la plaza no se producirá, como pronto, hasta finales del mes de septiembre, cuando es posible que el SARS-CoV-2 vuelva a causar estragos.