Los rebrotes destapan falta de control y medios ante otra oleada

España empieza a dar muestras de no estar preparada para una segunda oleada de Covid-19 cuando bajen las temperaturas, a la vuelta del verano, si el patógeno que causa la enfermedad recobra la virulencia que mostró en marzo. Las voces de alarma se han ido sucediendo durante las últimas semanas, a medida que se avanzaba hacia la desescalada completa, y los rebrotes de estos días en comunidades como Cataluña o Galicia parecen avalar los pronósticos más negros, pese al optimismo del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ayer considera «normal» la existencia de 73 de ellos en plena canícula.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha sido una de las organizaciones más críticas en este sentido, pero no la única. Además de denunciar el cierre de alrededor de 7.000 camas en la mayor parte del país durante julio y agosto, como si no hubiera coronavirus, ha elaborado dos informes que golpean en la línea de flotación de los pilares en los que se asienta la «nueva normalidad» que postula el Gobierno. En ellos advierte de que las comunidades no disponen de suficientes camas de hospitalización ni de críticos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) para hacer frente a otra embestida del Covid-19 capaz de enviar de nuevo a una avalancha de infectados a los centros.

La carencia es especialmente grave porque, además, los servicios regionales de salud cuentan ya con la experiencia de lo que sucedió en el pasado y el conocimiento de la peligrosidad del virus, y porque ignoran las condiciones que puso el Ministerio de Sanidad para restaurar la libertad de movimientos. ¿Las ha apercibido el departamento que dirige Salvador Illa por incumplir sus directrices? Se ignora. Según reveló Satse en junio, 36 provincias españolas además de Ceuta no contaban en las UCIS de sus hospitales con los puestos suficientes para prestar asistencia a una riada de enfermos en estado muy grave si fuese necesario. En concreto, ninguna alcanzaba el tope de entre 1,5 y 2 camas por cada 10.000 habitantes que el Ministerio consideraba idóneo para avanzar en la desescalada, o no tenían la capacidad para instalarlas en un plazo máximo de cinco días. ¿Cuántas harían falta? 2.886 más.

En camas de hospital, sucede otro tanto. El Gobierno determinó que eran necesarias entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes para que los territorios se adentrasen en la nueva normalidad. Satse cifra la necesidad en alrededor de 90.000. Otra organización en sumarse a las alertas sobre la falta de medios materiales y humanos para hacer frente a posibles rebrotes es la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la Administración. De acuerdo con los datos recabados por la organización que preside Miguel Borra, España se enfrentaría a una posible segunda oleada de coronavirus con un déficit de alrededor de 40.000 sanitarios, tras el despido de la mitad de los profesionales que se contrataron durante la crisis.

Al igual que han hecho la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Consejo General de Colegios de Enfermería, CSIF es una de las organizaciones que han denunciado no sólo la precariedad y la falta de efectivos en áreas sanitarias concretas, sino también la carestía de medios de protección durante la lucha por detener el avance de la enfermedad. Esa carestía conduce a otro de los asuntos fundamentales de cara a una nueva oleada: la reserva estratégica de materiales.

Como informó LA RAZÓN, pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Illa anunciaron la creación de una reserva de materiales como dispositivos de ventilación mecánica y equipos de protección individual (EPIS) para que un nuevo estallido no coja desprotegidos ni a los sanitarios ni a la población, lo cierto es que el Ejecutivo no ha hecho aún acopio suficiente de materiales. De hecho, no cuenta con un acuerdo marco, imprescindible para adquirir en el mercado los productos que hacen falta, según la Ley de Contratos del Sector Público, y el sector duda incluso de que las licitaciones lleguen a realizarse este mes.

Juan Jorge González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (Semes), cree que la Sanidad sí se encuentra mucho más preparada que en las semanas previas al primer estallido de coronavirus, aunque advierte de que en el momento actual se impone detectar los brotes y asilarlos adecuadamente. En el caso de los registrados en Cataluña, apunta que los temporeros que pudieron extender el virus son personal esencial porque forman para de la cadena alimentaria y corresponde a la administración asegurar y prevenir las infecciones, actuando sobre las condiciones de trabajo y la habitabilidad. González Armengol añade además que ya debería haber personal, camas y medios de protección suficientes porque hay un real decreto ley que obliga a ello, así como planes de contingencia. «No es un problema de buena voluntad. Está regulado así». En su opinión, lo que se impone ahora es «un trabajo de hormigas» consistente en «detección y rastreo, detección y rastreo», así como en «alerta precoz y transmisión on line de los datos».

Los rebrotes de estos días han destapado precisamente que los métodos de control, detección y aislamiento de nuevos casos no han funcionado, lo que dispara el riesgo de la tan temida transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 en provincias diferentes de en la que residía el paciente 0 o causante del brote.