Sanidad quiere que los laboratorios reviertan 8.000 millones por el precio de los fármacos

Aboga en un borrador por eliminar las desgravaciones de las empresas por los seguros privados de sus trabajadores

El Ministerio de Sanidad ha puesto en su punto de mira a la industria farmacéutica y a las clínicas privadas. A los laboratorios les culpa del crecimiento del gasto farmacéutico, «que supone más del 25% del gasto sanitario total, y que sería mayor si no se hubiera trasladado parte del gasto a los pacientes», algo que «puede poner en riesgo la estabilidad económica del sistema». Según Sanidad, «este problema va a aumentar por los elevados precios que reclama la industria farmacéutica para los nuevos medicamentos». El Ministerio estima que «el gasto por sobreprecio (por encima de los costes de fabricación y de investigación) supone en España más de 8.000 millones de euros, que deberían revertir en el Sistema Nacional de Salud para cubrir diferentes necesidades».

Con respecto a la Sanidad privada, el Ministerio aboga por abordar, «en el sentido que orienta la Ley 1471986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud», algo que se interpreta en el sector como un intento de suprimir este modelo del que se benefician más de un millón de empleados públicos y sus familiares. También se interpreta como un intento de eliminar las desgravaciones de hasta 500 euros de las que se benefician las empresas por el seguro sanitario privado de cada empleado. Esto afectaría a unos tres millones de españoles. El fin Muface implicaría por su parte la desaparición de la sanidad privada al completo en algunas provincias españolas.

Éstas y otras recomendaciones figuran en un borrador que ha elaborado el departamento que dirige Salvador Illa en colaboración algunos expertos muy vinculados a la izquierda, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que se denomina «Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la era post-Covid-19». El texto, un «documento dinámico» cuya quinta versión data de este martes, ha sido impulsado por el secretario general y número dos de Illa, Faustino Blanco, alto cargo casi desaparecido durante la pandemia antes de sufrir una enfermedad y que no ha comparecido ni una sola vez ante la Comisión de Sanidad del Congreso. Además, pretende servir de base para el informe sobre la reconstrucción sanitaria que deberá votar la Cámara Baja el 22 de julio.

El departamento de Illa dedica el capítulo 7 a elucubrar sobre el gasto. Después de culpar a los supuestos recortes aplicados desde 2008 de la situación actual, aboga por una financiación suficiente sin explicar de dónde vendrá, especialmente tras la caída de la recaudación impositiva por la crisis del coronavirus. En el capítulo se alude de forma genérica a la necesidad de «herramientas potentes» que garanticen e impulsen la equidad, la cohesión y la calidad de los servicios sanitarios y encuadra las acciones sobre los laboratorios farmacéuticos en las medidas para lo que denomina, «la eficiencia en el gasto».

Según expone el Ministerio, las líneas estratégicas en política farmacéutica pasan además por «potenciar la utilización de los medicamentos genéricos y biosimilares y alcanzar precios justos basados en los costes de desarrollo y producción de los medicamentos y un beneficio razonable para estimular la innovación». También propone «evaluar sistemáticamente las prestaciones, tecnologías y medicamentos incluidos en la cartera de servicios del SNS con criterios de eficacia, efectividad, eficiencia, seguridad clínica (no hacer) y equidad», así como «potenciar la economía de escala mediante las compras centralizadas». Sanidad incluye lo expuesto sobre Muface e «integrar la evaluación económica como medida transversal para evaluar la eficiencia de las decisiones sanitarias».

El documento alude también a la necesidad de promover la formación continuada desde el entorno público. «La formación continuada debe estar enfocada en las competencias y la calidad de las prácticas profesionales en todo el SNS, alejada de las influencias de la industria y localizada mayoritariamente en el ámbito público», subraya.