Tres altos cargos de Sanidad comparecerán por primera vez en cinco meses después de estallar la pandemia

Más de cuatro meses después del estallido de la mayor pandemia en los últimos cien años, algunos de los principales altos cargos del Ministerio de Sanidad van a comparecer, por fin, ante el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de su gestión durante la crisis. Lo harán por iniciativa del Gobierno, que no ha tenido más remedio que acceder para adelantarse a la resolución que iba a emitir presumiblemente en su contra la Mesa de la Cámara Baja.

El PP había pedido amparo a este órgano después de que el departamento que dirige Salvador Illa se negara hasta cuatro veces a permitir que sus directores generales acudieran al Congreso. Desde que empezó la crisis, el único responsable sanitario que ha acudido a esta cámara ha sido Illa.

Este martes, por fin, tres directoras generales tendrán que someterse a las preguntas de la oposición. Lo harán en una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad.

Se trata de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas, a la que el sector sanitario considera como una de los pocos altos cargos de Sanidad que ha dado la talla durante la pandemia. También lo hará la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, prácticamente desaparecida durante la pandemia después de avisar del riesgo de las concentraciones de forma pública antes de que se celebrara el polémico 8-M con el aval del Ministerio.

Pese a ser jefa directa de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), su presencia pública ha sido mínima en estos cuatro meses y medio.

Cuando Simón se contagió de coronavirus y estuvo unos días convaleciente no fue ella sino una lugarteniente de este último la que comparecía a diario para dar cuenta de la información epidemiológica sobre la Covid-19. Aparicio estuvo envuelta en la polémica porque el informe hecho a posteriori para justificar la negativa del Gobierno a que Madrid, gobernada por el PP, avanzara de fase, llevaba su firma electrónica. Fue el único de todos los informes de todas las autonomías en los que concurría esta circunstancia. En el sector ha causado honda sorpresa el escaso protagonismo de esta profesional durante la pandemia pese a ser en teoría la mayor autoridad en materia de Salud Pública, un área impactada de lleno por la Covid-19.

La otra alto cargo que comparecerá el martes será la directora general del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Expondrá, en concreto, las conclusiones del estudio nacional de sero-epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España.

Pese a estas comparecencias, son aún varios y muy importantes los altos cargos que podrían eludir rendir cuantas ante el Congreso de los Diputados hasta al menos septiembre. Se trata, por ejemplo, del número 2 de Salvador Illa, Faustino Blanco, que también estuvo prácticamente desaparecido en la primera fase de la pandemia hasta que una enfermedad le obligó a pasar a un segundo plano. Blanco es el impulsor de un documento para la reconstrucción sanitaria que ha sembrado la polémica en el sector al propugnar la supresión del modelo Muface para los funcionarios, el fin de las desgravaciones de las empresas por los seguros de salud de sus empleados, o reclamar que los laboratorios farmacéuticos devuelvan 8.000 millones al Sistema Nacional de Salud por los sobrecostes que, a su juicio, van incorporados en el precio de sus medicamentos.

Tampoco figura en esta lista de comparecientes Alfonso Jiménez Palacios, el director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un órgano dependiente del departamento de Illa envuelto en la polémica al protagonizar numerosas compras con sobreprecios o a proveedores desconocidos que, a juicio del sector, gozan de muy poca credibilidad. La lentitud de este órgano a la hora de abordar las primeras compras de materiales y equipos de protección llevó a Hacienda a intervenir con el fin de agilizarlas, conjuntamente con otros ministerios. Tampoco comparecerá ahora Patricia Lacruz, la directora general de Cartera Común y de Farmacia que protagonizó la compra de los test fallidos a precios desorbitados a la empresa Bio Easy a través de un intermediario absolutamente desconocido en el sector.