¿Quebraría la Sanidad Pública si el Gobierno deja a los funcionarios sin el modelo Muface?

La ofensiva contra la Sanidad privada que el Gobierno pretende desatar podría tener consecuencias funestas, de forma paradójica, para la Sanidad pública. Como adelantó LA RAZÓN, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un borrador de plan de acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-Covid-19 en el que aboga por dos medidas muy controvertidas en materia de provisión de servicios sanitarios. En primer lugar, Salvador Illa y su equipo proponen abordar la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas) en el sentido que orienta la ley 14/1986 General de Sanidad. A juicio del sector, este eufemismo trata simplemente de encubrir el intento de la eliminación del modelo que presta cobertura sanitaria a los funcionarios. Además, el Ministerio quiere eliminar las desgravaciones fiscales de las que se benefician las empresas por los seguros de salud de sus empleados.

La eliminación de Muface es una vieja reivindicación histórica de los expertos sanitarios más escorados a la izquierda. De hecho, el documento ha sido impulsado por el secretario general de Sanidad y número dos de Salvador Illa, Faustino Blanco, con la ayuda de un grupo de especialistas en el que figuran algunos conocidos sanitarios de izquierdas con ideas muy radicales en esta área como Fernando Lamata, Ramón Gálvez, Jesús Gutiérrez Morlote, Juan José Rodríguez Sendín, Manuel García Encabo o Roberto Sabrido, entre otros. Fuentes del sector aseguran que la desaparición de desgravaciones fiscales y del régimen de asistencia del que se benefician actualmente los empleados públicos podría desencadenar un seísmo en el Sistema Nacional de Salud.

De entrada, se produciría un trasvase de alrededor de cinco millones de pacientes de la Sanidad Privada a la pública. Dos millones se corresponden con los empleados públicos que eligen cada año atención no pública (un 84%) y sus beneficiarios. Lo otros tres millones son los trabajadores que mantienen actualmente algún tipo de seguro de salud con la mediación de la empresa en la que trabajan que se beneficia de las desgravaciones. ¿Podría resistir el sistema público la llegada de cinco millones de pacientes nuevos cuando se encontraba ya en cifras récord en listas de espera, tanto en número como en tiempo de demora, antes incluso de que estallara la pandemia de Covid-19 y se tuvieran que suspender la mayoría de las consultas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas durante más de tres meses? Los detractores de Muface aseguran que el dinero que la Administración gasta en este modelo podría reforzar el sistema público. Aquí, la patronal Aspe y otros agentes del sector contraponen el argumento de que al Estado le cuesta menos un paciente de Muface que un paciente común atendido en la sanidad pública.

Por el empleado público atendido a través de Muface, el Estado paga 883 euros al año de media; por el paciente del sistema público abona de media 1.224. Hay pues un diferencial de 341 euros, lo que se traduce en un ahorro para las arcas estatales de 682 millones de euros anuales. ¿Podría soportar el sistema público este sobrecoste sin resentirse su calidad? El sector privado alerta además de que eliminar Muface implicaria la desaparición de la clínicas y centros sanitarios no públicos en provincias enteras, cuya actividad está focalizada precisamente en la asistencia de los empleados públicos. Uno de los ejemplos que siempre se ha puesto en el sector es el caso de Salamanca.