Lo médicos, al Gobierno: “No somos funcionarios ni queremos injerencias políticas”

Acusan a la Administración de incumplir su obligación de formarles y piden un cheque de formación médica continuada para que cada profesional lo emplee como desee

Las propuestas del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la llamada Reconstrucción Social y Económica del Congreso han encendido a todo el sector sanitario. Hasta la fecha han mostrado su disconformidad con las medidas la sanidad privada a través de su patronal Aspe y de la Fundación Idis y al Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), que engloba a 71 asociaciones de enfermos. A ellos se suman ahora la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme), que engloba a las principales sociedades científicas de médicos por áreas o especialidades, y la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS).

En un comunicado conjunto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, estas dos últimas organizaciones analizan las medidas incluidas en el documento y muestran su rechazo a gran parte de las mismas. En el texto, tanto Facme como IMAS consideran “inaceptable” que ni las sociedades científico-médicas ni las asociaciones de pacientes fueran llamadas a comparecer y advierten de que, en el capítulo de la gobernanza del sistema, “las propuestas no concretan la composición de los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias, por lo que no existirá una adecuada gobernanza mientras a estos órganos de gobierno no se incorporen los profesionales sanitarios y/o los ciudadanos/pacientes”.

Facme e IMAS añaden además que en el apartado dedicado a acabar con la injerencia política partidaria y con la burocratización del sistema, el documento del Grupo de Trabajo “no recoge autocrítica alguna sobre la instrumentalización política de la sanidad. El distanciamiento entre políticos y profesionales es tan grande como la distancia que hay en la opinión pública en la valoración de unos y de otros”. Añaden que “profesionalizar la gestión y transferir responsabilidades organizativas y de gestión a los profesionales son, con la introducción de juntas de gobierno realmente participativas, elementos necesarios para evitar la politización mal entendida del sistema”. “Pero esto no será posible manteniendo el actual modelo de gestión burocrático-administrativo, jerárquico-piramidal de las instituciones sanitarias públicas. El sistema sanitario público debe pasar de una gestión político-administrativa a otra basada en el conocimiento”.

Las dos organizaciones lanzan, además, una dura advertencia al Gobierno, al asegurar que “necesitamos profesionales, no necesitamos funcionarios”. En su análisis, exponen que “el sistema de gestión de personal del SNS, asimilable al de funcionario público, es, como reconocen las conclusiones del grupo de trabajo, completamente inadecuado y no tiene equivalente en los sistemas sanitarios de los países de nuestro entorno, en donde los empleados públicos del sistema sanitario no son funcionarios”. Añaden que “tampoco son homologables las retribuciones, especialmente bajas en comparación con otros países europeos para los profesionales sanitarios. La gestión de personal en la sanidad pública debe estar basada en competencias y perfiles profesionales, para lo que es imprescindible incorporar a esta gestión el conocimiento científico-técnico, y dejar para siempre de lado las normas burocrático-administrativas que actualmente rigen la gestión de personas en la sanidad pública”.

En el documento, consideran que hay “otra vuelta de tuerca a la injerencia política” en materia de formación médica continuada. Las conclusiones del grupo de trabajo señalan que “la formación continuada debe fomentarse, tutelarse y financiarse por las administraciones sanitarias. En este propósito ha de contarse con la participación de las universidades y los colegios profesionales”. Facme e IMAS resaltan al respecto que “las administraciones ni han fomentado ni apenas han financiado la formación médica continuada, incumpliendo su obligación legal con el sistema sanitario público. Esta obligación, no atendida, ha tenido que ser asumida por las sociedades científico-médicas con financiación de la industria del sector. Llama la atención que el Grupo de Trabajo proponga prohibir la financiación por la industria de las actividades de formación médica continuada y de investigación, restando una financiación clave al sistema, en lugar de sumarla a la que la propia administración sanitaria debiera aportar, pero que no aporta. Estableciendo, eso sí, los controles necesarios para que no sea marketing encubierto. Es una buena noticia que las administraciones públicas se comprometan a financiar la formación médica continuada, falta por ver que esto se cumpla. Pero su tutela está en contradicción con la autorregulación que esta actividad tiene en los países democráticos avanzados. Aun más, si se deja fuera de este plan de reconstrucción a las sociedades científico-médicas, que son las verdaderas garantes del conocimiento y de la difusión de su avance, y las entidades más comprometidas con los avances científico-técnicos, no consumará un auténtico disparate. Sería mucho más deseable dotar a todo profesional de un cheque de formación médica continuada y que éste lo empleara en aquella formación que, con la implicación de las sociedades científicas, complementara mejor las competencias profesionales más adecuadas a su trayectoria profesional personal, evitando de esta forma tutelas e injerencia política en el ámbito profesional, como ya hemos sufrido”.

Facme e IMAS acusa al grupo de trabajo de incorporar una visión fragmentada de la sanidad. A su juicio, la ausencia de coordinación entre salud pública, atención primaria, hospitales y servicios sociosanitarios ha sido uno de los factores que explican “la mala respuesta de nuestro sistema a la crisis de la Covid-19”.

Ambos concluyen resaltado como “hecho lamentable y rechazable” que las conclusiones del grupo de trabajo “no mencionen ni una sola vez a las sociedades científico-médicas y que sólo se acuerden de las asociaciones de pacientes para prohibir que reciban financiación de la industria”. En otras palabras: “Las propuestas dejan al margen a los dos principales agentes del sistema, profesionales y pacientes”.