El PP pide a Sanidad que dé voz a los pacientes y evite que se ponga en riesgo a sus asociaciones

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de ley ante la Mesa de la Cámara Baja en la que insta al Gobierno a reformar la Ley Básica de Autonomía del Paciente con el objetivo de “regular, para el conjunto del sistema sanitario, los derechos colectivos de información, propuesta y participación de las asociaciones de pacientes” y a “recabar la valoración por parte de estas asociaciones del informa anual de funcionamiento del sistema sanitario y el de los servicios autonómicos de salud”. La proposición, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, insta asimismo al Ejecutivo a modificar también la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para regular la participación de los pacientes en el consejo consultivo del Consejo Interterritorial, y a establecer ·”un marco regulatorio que garantice la transparencia en los modelos de financiación pública y privada de las asociaciones de pacientes, así como su independencia”.

Los populares justifican esta proposición en que aún no se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pacientes, en especial la participación, información y consulta sobre las decisiones que afectan al funcionamiento del sistema sanitario y al contenido y la calidad del a actividad asistencial. “Se trata de derechos que se ejercen a través de las asociaciones de pacientes”, detalla la justificación de motivos. A juicio del PP, “el derecho a la participación tiene una importancia estratégica, porque abrirse a las propuestas y planteamientos de estas asociaciones contribuirá a mejorar la gobernanza del Sistema Nacional de Salud y a ganar en transparencia, humanización, calidad en la atención a los pacientes y sus familias, así como en coordinación sociosanitaria y entre niveles asistenciales”. “La falta de participación de los pacientes ha sido notoria en la gestión de la crisis de la Covid-19, lo mismo que las situaciones de desorientación y de déficit de información. Se hace preciso salir cuanto antes de esta inaceptable situación ante el riesgo de una segunda oleada de esta pandemia. No obstante, hay otros problemas estructurales de nuestra Sanidad para cuya solución se hace preciso dar voz a los pacientes y sus asociaciones, que piden reformas en un sistema sanitario complejo en su organización, con una fuerte presión asistencial y que acumula crecientes listas de espera (más de 750.000 pacientes).

El Grupo Popular apunta que ya hay algunos casos de participación, pero estos no pasan de ser supuestos puntuales para cuestiones concretas, que son más fruto de la generosidad administrativa, que del ejercicio de un derecho colectivo legalmente reconocido. En este sentido, recuerda que no hay una norma que dé respaldo a la participación de los pacientes en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del SNS ni en órganos similares de las comunidades autónomas, lo que impide que puedan aportar sus propuestas. La proposición añade que “a estos problemas se unen las dificultades económicas que soportan estas asociaciones para hacer frente a una amplia gama de actividades informativas y formativas y de colaboración con las Administraciones sanitarias, que requieren de una financiación para su sostenibilidad. Junto a ayudas públicas para colaborar con las consejerías de Salud en actividades de interés público, hay otras aportaciones solidarias a cargo de entidades y empresas privadas efectuadas por razones de responsabilidad social corporativa, enmarcadas en unos criterios de transparencia y publicidad, aplicados desde hace más de 20 años en España y en otros estados miembros de la Unión Europea (Código Efpia). El PP remarca que los poderes públicos han de evitar que se ponga en riesgo la subsistencia de estas entidades. “Regular la financiación pública y privada con requisitos y procedimientos dotados de transparencia y respetuosos con la independencia de estas asociaciones es, a día de hoy, una prioridad sanitaria y social”.