El PP reclama al gobierno que garantice el apoyo de la industria a la formación médica

El Grupo Popular en el Congreso ha demandado al Gobierno que incremente “sustancialmente la dotación presupuestaria destinada a la formación continuada pública de los profesionales sanitarios, en colaboración con las comunidades autónomas”. También reclama una modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias “para establecer un marco regulatorio que, en sintonía con la normativa comunitaria, garantice y dé certidumbre y seguridad jurídica a las actividades de formación continuada basadas en acuerdos de colaboración y de sostenibilidad económica entre las entidades representativas de los profesionales sanitarios y las empresas, entes e instituciones del sector sanitario, dotados de plena transparencia y respetuosos con la independencia de dichos profesionales”. Finalmente, propone “establecer similares garantías para las actividades de investigación y difusión médica”.

Así lo expone esta formación política en la proposición no de ley que ha presentado en la Mesa de la Cámara Baja, relativa a la formación continuada de los profesionales sanitarios y su sostenibilidad económica. El texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, subraya la importancia de actividades formativas tales como seminarios, congresos y jornadas, habitualmente convocadas por las sociedades científicas.

“La participación en este tipo de acciones formativas supone un esfuerzo adicional para los profesionales sanitarios; esfuerzo obligado por razones deontológicas, éticas y jurídicas”: El PP recalca el problema que supondría la “obsolescencia de conocimientos y técnicas” y alerta de “la mínima e insuficiente dotación presupuestaria para posibilidad su asunción por parte de las administraciones, central y autonómicas.

De ahí que, desde hace años, venga siendo imprescindible contar con la colaboración del sector privado, farmacéutico y tecnológico, que, en el ejercicio de una función de responsabilidad, social corporativa y de compromiso solidario, ayudan a la sostenibilidad económica de la formación continuada”. En la proposición no de ley, el Grupo Popular remarca que tal colaboración se rige por estrictos criterios éticos y de transparencia, y recuerda la existencia de un modelo de autorregulación que se recoge en los correspondientes códigos de buenas prácticas, “procediéndose a la publicación sistemática de cuantas aportaciones de valor proceden de la industria”.

Los populares explican que este modelo está funcionando adecuadamente, pero “sería útil la aprobación de una normativa legal que diese respaldo y garantías de continuidad a la colaboración en la acción formativa entre las entidades que representan a los profesionales sanitarios y la industria”.

“En suma, la formación continuada y su sostenibilidad económica deben ser apoyadas desde un marco regulatorio transparente y garante de la independencia de los profesionales; un marco regulatorio que excluya tutelas políticas o burocráticas impropias de un país democrático y rechace políticas públicas radicales, basadas en prejuicios y prohibiciones, incompatibles con el deseable éxito del plan de recursos humanos propuesto por el Grupo Parlamentario Popular en incluido en el dictamen de la comisión no permanente de reconstrucción social y económica”.