Sanidad margina a las empresas españolas en el nuevo megacontrato de compra de material

El proceso que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha para la compra de materiales y equipos de protección individual con los que constituir una reserva estratégica frente a una segunda oleada de coronavirus no sólo arranca tarde sino que, además, margina a muchas de las empresas españolas que distribuyeron sus productos con totales garantías y a precios ajustados durante la primera fase de la pandemia.

Como informó LA RAZÓN, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del departamento que dirige Salvador Illa, publicó la pasada semana el acuerdo marco de licitación, una herramienta imprescindible para acometer las compras, según la Ley de Contratos del Sector Público. Este obligado primer paso para nutrir la reserva se produjo más de un mes después de que Illa y el presidente Pedro Sánchez aseguraran que esa reserva ya se había creado, y cinco meses después del estallido de casos de coronavirus.

Dicho acuerdo marco tiene por objeto tener clasificados a los proveedores fiables que pueden suministrar productos homologados agrupados en lotes a un precio cerrado antes de una nueva eclosión de la pandemia y de un posible colapso del suministro. Fuentes del sector aseguran que esto no significa que un solo proveedor tenga que suministrar todo el lote, sino que lo lógico es que la Administración pueda acudir a cada licitador en función del precio y de la capacidad de producción en el momento en el que se demande el producto.

El problema, aseguran, es que el tamaño de los lotes fijado es tan grande, que la solvencia técnica exigida hace imposible que muchas empresas cumplan, ya que el contrato marco sólo deja participar a las que facturen, como mínimo, el importe total del lote al que se quieran presentar.

Los lotes representan importes de centenares de millones de euros. Este requisito, afirman, daña a los proveedores españoles. El acuerdo marco elaborado por el Ingesa dedica su punto 8 a la solvencia y clasificación de los licitadores. En la página 5, el órgano dependiente de Sanidad estipula como medio de solvencia de la compañía aspirante a ser proveedora el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario o de presentación de las ofertas.

En este apartado, en el umbral mínimo requerido se subraya que «el importe que deberán acreditar referido al mejor ejercicio deberá ser igual o superior a la suma del valor estimado de los lotes en los que participe (impuestos excluidos)». ¿Qué implica esto? Las mismas fuentes aseguran que el importe de los lotes deja fuera, por ejemplo, «a todas las pymes y a la práctica totalidad de las empresas solventes, ya que sólo el lote tres de los licitados por el Ingesa es por un importe de 359 millones de euros».

En el apartado de solvencia técnica, el Ingesa establece como umbral mínimo lo siguiente: «El valor global de estos contratos deberá ser, para cada uno de los lotes, igual o o superior al de su correspondiente valor estimado de licitación (impuestos excluidos) y la suma total del importe de estos contratos deberá ser igual o superior a a suma del total de los presupuestos estimados de los lotes en los que participe».

Estos requisitos dañan, afirman las mismas fuentes, a empresas que están dadas de alta como fabricantes, que no importadoras, de algunos productos claves contra la pandemia y a otras que se han adaptado rápidamente para poder servir equipos de producción y otros materiales en el mercado. La mayoría son solventes y muy conocidas en el sector, pero no llegan al elevado umbral establecido. «Las exigencias de Ingesa las dejan fuera y dificultan que España sea autosuficiente en la capacidad de producción de producto sanitario, para no depender de terceros países», sostienen.

En la página 57 del acuerdo marco, el organismo que dirige Alfonso Jiménez Palacios establece los lotes objetivos de licitación y el valor estimado de cada uno de ellos. En total, el Ministerio de Sanidad ha estipulado un gasto total superior a los 2.009 millones de euros, cantidad que se elevará hasta los 2.400 millones con el preceptivo pago del IVA. Dependiendo de los lotes en los que quisieran concursar, las empresas deberán acreditar una solvencia mínima que oscilaría entre los 19,5 y los 359 millones.

El Ingesa ha estado en el ojo del huracán desde el inicio de la pandemia por el pago de sobreprecios o la compra de equipos de protección y otros productos a proveedores muchas veces desconocidos en el sector sanitario. Este organismo ha protagonizado las compras de Sanidad junto con la Dirección General de Cartera Básica y de Farmacia.