Un error fuerza a Sanidad a aplazar la “megacompra” de material en pleno rebrote

La constitución de la reserva estratégica de materiales y equipos de protección con los que hacer frente a una segunda oleada de Covid-19 va a tener que empezar más tarde de lo previsto, a pesar de los fuertes rebrotes que sacuden España y a que ya han transcurrido cinco meses desde el estallido de la pandemia.

Los errores en la elaboración del acuerdo marco que el pasado 21 de julio hizo público el Ministerio de Sanidad han forzado a este departamento a cancelarlo o, según la terminología oficial, a no adjudicarlo, lo que viene a significar lo mismo. Este acuerdo marco es una de las exigencias impuestas por la Ley de Contratos del Sector Público a la Administración cuando acude al mercado en busca de productos. Su finalidad es que dicha compra sea transparente y haga posible la concurrencia de las empresas interesadas en participar.

Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado lunes, dicho acuerdo, el primer paso para la puesta en marcha de la reserva estratégica de productos contra la Covid-19, marginaba a las compañías españolas al imponer unos requisitos imposibles de cumplir para la mayoría de los proveedores nacionales. Proveedores que acreditaron fiabilidad durante la primera fase de la pandemia. Fuentes sanitarias aseguran que también resultaba lesivo para algunas multinacionales, al obligarlas a mantener unos criterios de solvencia durante un periodo prolongado de tiempo sin saber si finalmente iban a resultar adjudicatarias en los productos incluidos en los lotes establecidos en el acuerdo.

En total, el Estado planteó una compra de materiales por importe de 2.009 millones de euros, cantidad que se elevaba hasta los 2.400 millones añadiendo el correspondiente IVA.

El responsable de este fallo es el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un organismo dirigido por Alfonso Jiménez Palacios, que depende del departamento de Salvador Illa, y que ha estado en el foco de la polémica desde el estallido de la crisis por la compra de numerosos equipos de protección como batas o guantes de nitrilo, así como dispositivos de ventilación mecánica a precios desorbitados, muy por encima de los fijados por el mercado o no aptos para su utilización en los servicios para los que fueron adquiridos como, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos (UCI).

En el acuerdo marco que acaba de ser cancelado, el Ingesa establecía unos lotes de un tamaño tan grande, que la solvencia exigida impedía que muchas empresas cumplieran, ya que sólo se permitía participar a las que facturasen, como mínimo, el importe total del lote al que quisieran presentarse. En la pagina 5 del documento, el órgano dependiente de Sanidad estipulaba como medio de solvencia de la compañía aspirante a ser proveedora el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario o de presentación de las ofertas. El conocimiento de estos requisitos ha desatado gran enfado entre las empresas afectadas, que han inundado a preguntas durante los últimos días a la Administración sobre los obstáculos que deberían sortear.

Fuentes no oficiales del Ministerio de Sanidad aseguran que es este problema y no otro el que ha llevado al ministro Salvador Illa personalmente a tomar la decisión de la cancelación, enmendando así la plana a su subordinado. Para tratar de justificar el escándalo de la cancelación apenas unos días después de que se hiciera público el acuerdo marco, el Ministerio hizo oficial un comunicado asegurando que «durante la fase de tramitación inicial de licitación, y encontrándose ésta en periodo de presentación de ofertas, distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el acuerdo marco, han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir».

Según la explicación oficial, que no cita a ninguna de las supuestas autonomías afectadas, «la circunstancia puesta de manifiesto en el apartado anterior afecta de manera evidente al interés público y aconseja adoptar medidas que minimicen los riesgos de desabastecimiento de las comunidades no adheridas». Por ello, el director del Ingesa acuerda «la decisión de no adjudicar el acuerdo marco 2020/065 por las razones de interés público expuestas anteriormente».

El Ministerio promoverá una nueva licitación «en los próximos días», según asegura, lo que constituye un nuevo retraso en la compra de los equipos y productos que tanto se necesitan en la lucha contra la pandemia. Como se recordará, la falta de estos materiales fue uno de los grandes lastres en España desde el estallido de la misma, provocando que muchos sanitarios tuvieran que intentar frenar su avance sin suficientes medios de protección. El resultado es que nuestro país es hoy el que contabiliza el mayor número de profesionales infectados del sector de todo el planeta.

Once lotes

El acuerdo marco que acaba de quedar cancelado establecía hasta un total de once lotes de productos sanitarios cuya compra se pretendía adjudicar. Entre esos productos figuran desde batas quirúrgicas desechables y no estériles, hasta kits de extracción, pasando por guantes de nitrilo, mascarillas y test moleculares. El lote con el valor más alto es el correspondiente a mascarillas quirúrgicas tipo II y Tipo II R. El Estado estaba dispuesto a pagar más de 377 millones de unidades, sin IVA, por más de 502 millones de unidades, a un precio unitario de 0,75 euros sin el impuesto.

A continuación figuraban las batas quirúrgicas no estériles, desechables, de alta prestación. Por más de 89 millones de unidades el Ingesa había fijado un precio de más de 359 millones de euros, a un precio unitario de cuatro euros. Como ha informado este periódico, el organismo dependiente de Sanidad llegó a pagar durante la peor fase de la pandemia hasta 22 euros por bata a una firma asiática, 18 euros más del precio que figura ahora en el acuerdo marco.

El Ingesa también proyectaba gastarse más de 296 millones de euros en guantes de nitrilo, a un coste unitario de 0,1048 euros, y más de 19 millones de euros en 3,5 millones de unidades de gafas. El coste de cada una es de 5,5 euros. Fuentes no oficiales de Sanidad aseguran que estos lotes se mantendrían en el nuevo acuerdo marco que se aprobará «en días», según el Ministerio.