Sobre la Secretaría de Estado de Sanidad

El pasado 4 de agosto se publicó en el BOE el Real Decreto por el que se amplía la estructura del Ministerio de Sanidad y se crea, por fin, la secretaría de Estado.

Es una decisión acertada para que la Sanidad gane relevancia en el conjunto del Gobierno; un paso que algunos llevamos años queriendo que se dé para favorecer la solución de carencias estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS), como un nuevo modelo de financiación, una mejor gestión de los recursos humanos, y, entre otras, una incorporación ágil y sostenible de innovaciones farmacológicas y tecnológicas.

Es, precisamente ese, el punto en el que me surgen las dudas. Es decir, si la creación de la Secretaría de Estado de Sanidad se quedará en un gesto para la galería más del actual Ejecutivo o servirá realmente para actualizar el SNS conforme a las necesidades reales en salud –presentes y venideras– de los españoles.

Como político y como médico, pero especialmente como ciudadano, quiero confiar en que así será; que la medida resultará realmente útil y se verá justificada con avances tangibles en términos de coordinación, de evaluación, de calidad y de equidad.

Lo contrario sería sencillamente imperdonable para el Gobierno. Supondría una razón más –y ya se acumulan demasiadas– para que se produzca un cambio no sólo en el Paseo del Prado, sino también en La Moncloa, pues más allá de los numerosos fiascos en la gestión de la Covid-19, los progresos en el SNS para hacer real su viabilidad con la excelencia requerida brillan por su ausencia desde junio de 2018.

Mi voto de confianza inicial está, una vez más, sobre la mesa. Siempre aporta y compensa más ser constructivo. No obstante, la situación actual no es precisamente la más adecuada para continuar jugando con la paciencia de los españoles. Esa cuerda lleva tensa bastante tiempo y las proyecciones –tanto en términos de salud pública como económicos– invitan a pensar que las tiranteces irán a más.