Responsabilidad ante un horizonte muy preocupante

Agosto ha acabado de la peor forma posible en relación con la evolución de la pandemia de la Covid-19 en España. Un crecimiento preocupante de casos y con ello un aumento de la demanda asistencial que está empezando a vislumbrar escenarios que no quisiéramos volver a vivir.

La reactivación de la economía y la vida social tras el confinamiento ha implicado una extensión de la Covid-19 que ya ha producido efectos en la inhibición del turismo internacional, y que plantea un horizonte muy preocupante para el mes de septiembre, donde la apertura de las aulas y la necesaria reactivación de la vida económica y social puede estar amenazada por una extensión de la epidemia que no permita su control a través de las cadenas de contagio, o de las medidas selectivas de confinamiento o limitación de la movilidad.

Muchos sanitarios ya recelaban de que, al disiparse el eco de los aplausos, el comportamiento de la población «desconfinada» no iba a ser tan ejemplar como se hubiera precisado. Hay un claro sentimiento de decepción en los profesionales sanitarios, que esta lastrado por el propio cansancio de varios meses de trabajo intenso y jornadas agotadoras. La decepción también se dirige al comportamiento de los responsables políticos e institucionales: el refuerzo de la atención sanitaria y de la salud pública, ha sido desigual y precario, y sigue faltando un liderazgo común en la respuesta sanitaria de todos frente a la Covid-19.

El mantenimiento de las normas que nos protegen de la transmisión de la Covid-19 precisa tanto de la conciencia y compromiso de los ciudadanos como de la capacidad de los poderes públicos de actuar para corregir y sancionar los incumplimientos. Es un binomio: a mayor «capital social» (iniciativa ciudadana para protegerse y proteger a los demás), menor intervención punitiva de las autoridades. El relajamiento de los comportamientos protectores exige una clara acción de comunicación de todas las instituciones y de los colectivos, muy especialmente el de los sanitarios. Los incumplimientos tolerados por la inacción de las autoridades han de corregirse con una asignación y activación de recursos, tanto normativos como de personal.

Las autoridades sanitarias deben trabajar de forma conjunta y colaborativa para crear un marco comúnmente aceptado y respetado, de normalización de la actuación de salud pública y vigilancia epidemiológica ante la Covid-19: la existencia de guías accesibles, conocidas y aceptadas, así como de sistemas de registro, notificación e información robustos, ágiles y transparentes, crear una base sólida para que los profesionales de todo el Sistema Nacional de Salud puedan coordinar y sincronizar sus decisiones, y para aumentar la confiabilidad de nuestra acciones ante la población.

Además de las medidas inmediatas y de la activación de reformas estructurales necesarias, es fundamental dar un «golpe de timón» en la gobernanza de la lucha contra la Covid-19: si se quiere evitar una segunda reactivación de la pandemia en España, y un nuevo cierre de la actividad económica y social de nuestro país, los poderes públicos deben buscar la base normativa y política para dotar a las instituciones y a las autoridades sanitarias de los instrumentos de acción para controlar la propagación. Si no tomamos medidas distintas a las actuales, el incremento que estamos viendo terminará de nuevo en una pérdida de control. Probablemente, estamos viendo un escenario que no vimos en la “primera ola” porque no teníamos tanta capacidad de testar ni tanta sensibilidad para el diagnóstico epidemiológico y clínico. En cualquier caso, es muy difícil que haciendo lo mismo que hicimos la vez anterior (excepto por un aumento en el uso de mascarillas), obtengamos un resultado diferente.

Para las autoridades de salud pública es esencial incrementar su capacidad operativa para cortar las cadenas de transmisión; pero también es fundamental que se acuerden sistemas robustos y estables de información de la evolución de la pandemia, que permitan escalar las medidas de limitación de la movilidad y de la restricción de actividades económicas y sociales. Estamos en una situación complicada en la que cabe poner fin de una vez a los claros fallos constantes en la gestión de las estadísticas diarias, con cifras insuficientes y contradictorias que han llevado a una percepción generalizada de descoordinación en la gestión de la pandemia. En ese sentido, cabe reclamar con determinación acabar con los vacíos de información nacional que se producen los fines de semana, no justificables cuando día tras día el número de casos y de nuevos brotes crece sin parar.

La autoridad sanitaria central, el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del SNS deben liderar los mensajes para que los ciudadanos tomemos conciencia de nuestro papel esencial y crítico a la hora de mantener bajo control la Covid-19, y de esta forma protegernos y proteger a nuestros seres queridos de un riesgo real y grave de padecer esta enfermedad.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España hemos venido demandando la participación real en la toma de decisiones sanitarias. La profesión médica centra al ciudadano cono eje de sus decisiones, fomenta, desde la crítica constructiva, el espíritu de la responsabilidad y la seguridad, pensando en el individuo, la sociedad y el sistema sanitario. La profesión médica quiere seguir manteniendo el liderazgo sanitario y quiere, desde la honestidad y desde el profesionalismo, seguir siendo referente en las políticas sanitarias de nuestro país.