Sociedad

Covid-19

La enfermería pide a la población que se proteja en el metro con mascarillas FFP2

Reclama su uso en espacios cerrados y pide al Gobierno que rebaje su IVA del 21%

Viajeros en la estación de metro de Sol, en Madrid
Viajeros en la estación de metro de Sol, en MadridEduardo ParraEuropa Press

El Consejo General de Enfermería recomienda a la población y a los profesionales sanitarios que utilicen mascarillas autofiltrantes, conocidas como FFP2, en los lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración de gente, como el transporte público, y en especial en aquellos donde haya más probabilidad de concurrir con personas portadoras del virus, como los centros sanitarios, las farmacias o los centros sanitarios.

El uso de estos protectores buconasales es “una medida capital para evitar la expansión del coronavirus, el colapso de la sanidad, y muchas más muertes de las que ya lamentamos”, asegura su presidente, Florentino Pérez Raya. El Consejo reclama además una reducción impositiva de estas mascarillas, como ya sucedió con las quirúrgicas, ya que ahora soportan un IVA del 21%, así como la fijación de un precio máximo de venta al público, siempre que esté certificada su eficacia.

En este sentido, recuerda que la actual falta de limitación en el precio de estas mascarillas está suponiendo una oportunidad de oro para algunos comercios especializados. Alude en un comunicado a las oficinas de farmacia, a las que acusa de “estar especulando desde hace meses con este material sanitario”. Según el Consejo, las mascarillas FFPS “son un bien de primera necesidad para los ciudadanos y por tanto es imprescindible protegerles de cualquier movimiento especulativo, priorizando en todo momento la salud frente al oportunismo de unos pocos”. Pérez Raya va incluso más allá y reclama que sean gratuitas para los colectivos más vulnerables, y para familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica.

“Lo ideal sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el Sistema Nacional de Salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano. Es lo más justo y sensato”.