El juzgado admite a trámite la denuncia de Vox contra el CNIO por prevaricación a falta de la fianza

El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid se acaba de pronunciar sobre la denuncia interpuesta por Vox contra varios empleados del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Falta sólo un paso para su admisión a trámite: que el partido de Santiago Abascal presente los 6.000 euros de fianza. Tienen de plazo 10 días desde la notificación de la resolución. «La fianza ya está en marcha. Mañana, a lo sumo pasado, estará en el juzgado», asegura a este periódico Víctor González, diputado de Vox.

Prevaricación, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales en la contratación pública y malversación son los presuntos delitos por los que VOX interpuso el pasado 17 diciembre una querella contra Juan Arroyo Muñoz, director gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Ramón Martínez Méndez, exdirector de Personal y de financiero, y José Antonio Galindo, quien sigue desempeñando funciones técnicas en el citado departamento.

En el auto previo a la admisión, el juzgado si bien «no se ha pronunciado aún sobre las medidas cautelares” solicitadas por miedo a la posible destrucción de pruebas y “no parece que las vayan a admitir a la vista del tiempo transcurrido sin adoptarlas, afirma el diputado de Vox, que pese a su alegría se mantiene cauteloso porque “falta que el fiscal se pronuncie, ya que puede pedir el archivo -de la causa- y el juez repensar” su decisión.

La querella tiene su origen en la adjudicación repetitiva de licitaciones por valor de 49.000 euros durante el ejercicio 2018 a las mismas empresas –siempre por debajo de 50.000 euros, límite del contrato menor que establecía el derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el caso de contratos de obras, o a 18.000 en el caso de otros contratos y que desde febrero de 2020 se limita a 40.000 euros en obras– algunas de ellas interconectadas entre sí, siendo el gasto predominante los gastos generales o de obra del edificio del CNIO y no la Ciencia como debería ser en un Centro de Investigación. Dos empleadas del CNIO fueron las que dieron la voz de alerta informando dos años antes a la Dra. Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), tal y como informó LA RAZÓN, sin que se pusiera ningún remedio, y después poniendo en conocimiento de Vox estas presuntas irregularidades.

En concreto, ACU Cerrajeros, compañía a la que en 2018 se le adjudicaron 494.100 euros en 10 adjudicaciones, así como 246.690 en otras cinco en 2017; Instalaciones Meyal, 443.300 euros en nueve adjudicaciones en 2018, Altra instalaciones, por ocho adjudicaciones en 2018 por un importe de 394.711 euros y una en 2017 por 48.900; Vidania S. L, por ocho adjudicaciones en 2018 por un valor de casi 400.000 euros y otra en 2017 por 48.900, e Instalaciones Metalworld por siete adjudicaciones en 2018 por un importe de 297.150,00 euros. A ellas hay que añadir, Consistrol Álvarez y Asociados, que recibió 393.930 euros en ocho adjudicaciones en 2018 y una en 2017 por 48.100; Coliman Facility Services S. L, que percibió 395.700 euros por ocho adjudicaciones, así como 49.200 euros en 2017 en una adjudicación) e Integración y Coordinación de Sistemas S. L. que cobró 296.800 euros en ocho adjudicaciones a lo largo de 2017 y 49.400 euros más en 2017 en una adjudicación. Curiosamente ninguna de las empresas citadas fue receptora de alguna adjudicación en 2019, después de que las dos empleadas del CNIO dieran la voz de alarma.

Asimismo, ACU Cerrajeros e Instalaciones Meyal tienen el mismo domicilio social y el administrador único de Instalaciones Meyal es, a su vez, el administrador único de Instalaciones MetalWorld. Además, Comercial Polo Doñoso y Solfinsa Integral, receptores de adjudicaciones menores ya en el año 2020, comparten administrador único: Javier Polo Doñoso.