PGE 2022: nueva oportunidad perdida

María Jesús Montero, médico y ministra de Hacienda y Función Pública, ha calificado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 como el «de la recuperación justa» y el que destina «más recursos que nunca para Sanidad». Nada más lejos de la realidad en mi opinión.

Ya en mi artículo anterior, en el que instaba al Gobierno a priorizar mejoras en atención primaria, mi desconfianza en el Ejecutivo era plena por la disminución del 17,3% en la dotación para el Ministerio de Sanidad que entonces había trascendido públicamente.

Con el paso de los días, y la presentación formal del proyecto de PGE en el Congreso de los Diputados, mis temores se han visto superados y más allá del citado recorte, también se han visto menguadas las dotaciones para Sanidad financiadas con las ayudas y los mecanismos de recuperación (en un 54,74%, 1.612 millones de euros menos), al tiempo que de los 27.633 millones de euros provenientes de los Fondos europeos, únicamente el 2,2% (sin contar con el 2,7% a vacunas contra la Covid-19) es destinado al ámbito sanitario.

Además, el Ejecutivo propone 176 millones de euros para el desarrollo del marco estratégico de primaria (frente a los 1.088,76 millones de 2021 y frente al mínimo de 4.000 millones que solicitan los médicos), 30 millones de euros para el «Plan de Acción de Salud Mental y Covid-19» (Pedro Sánchez prometió 100 millones el pasado 9 de octubre en rueda de prensa…) y, por plantear otro ejemplo, 28 millones para implantar la protonterapia (para ello «se contará con la ayuda a través de donaciones de la Fundación Amancio Ortega». Más que positivo, pero… ¿No eran el Gobierno ‘anti’ público-privado en Sanidad?).

Recortes, insuficiencias, incoherencias, ausencia de soluciones útiles a carencias urgentes en salud pública, cartera de prestaciones, ordenación profesional… y nula prioridad para Sanidad (1,44% del total de 458.969,57 millones de euros del proyecto de ley). En consecuencia, los PGE para 2022 son una nueva oportunidad desaprovechada para blindar el sistema sanitario español y llevar a la práctica las reformas que requiere para garantizar su solvencia y avanzar en calidad, cohesión, calidad y seguridad desde la sostenibilidad.