Simón carece de apoyo pleno para dirigir la nueva agencia

De aquí a que concluya la legislatura, previsiblemente a finales del próximo año, la actividad legislativa en Sanidad va a ser intensa. Una de las normas en trámite con especial enjundia es el anteproyecto de ley por el que se creará la Agencia Estatal de Salud Pública, órgano cuya puesta en marcha dibujó y no acometió el PP, y que tampoco ha visto aún la luz bajo el PSOE, pese a la dimensión de la pandemia y las promesas que hizo Salvador Illa cuando era ministro. Ya ha llovido desde entonces.

Los que esperen una resolución rápida acerca de su ubicación definitiva y de la figura de su presidente se equivocan. La ley acaba de llegar al Congreso y ni siquiera su tramitación rápida hace prever que la Agencia vaya a estar en funcionamiento en el plazo de un año. Las razones son variadas, pero la fundamental es que se requerirá la elaboración posterior de un estatuto, en el plazo máximo de seis meses, para que eche a funcionar. En él se determinarán, por ejemplo, los órganos, centros y servicios de la administración del Estado que quedarán adscritos y, en principio, hasta ese momento no podrá procederse al nombramiento de su responsable. Un hándicap para Fernando Simón, el nombre que ha sonado con más fuerza, quien cuenta con apoyos y también con rechazos en el Gobierno y en el propio Ministerio de Sanidad para ocupar el cargo. Algunos aplauden su labor y abogan por recompensarle por su portavocía científica en la crisis, soportando el desgaste. Otros creen que su etapa ya pasó y que su imagen desgasta a un Ejecutivo que ha borrado la palabra pandemia de su discurso público. Habrá que esperar. La ubicación será asimismo menos importante de lo previsto. Funcionará en red y contará con una sede muy rudimentaria.