La burda treta de tapar la corrupción con el aborto

Inmerso como está en una huida hacia delante para espantar el fantasma de la corrupción que amenaza con sepultarle, el Gobierno ha vuelvo esta semana, otra más, a airear la cortina de humo del aborto. Oyendo las declaraciones de los ministros y del propio Pedro Sánchez, podría parecer que José Luis Ábalos y Santos Cerdán son personajes ficticios, puras quimeras del PP que, en realidad, nunca existieron, y que en España las interrupciones voluntarias del embarazo están poco menos que proscritas por culpa de la vena ultra de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Nada más lejos de la realidad. Las mordidas, los sobres y las prostitutas pagadas con un dinero público que bien podría haber ido a Sanidad existieron, como también existe el aborto, más de 106.000 en 2024, una cifra récord. ¿Les parecen pocos al presidente del Gobierno y a Félix Bolaños, Ana Redondo y Mónica García? No, en realidad, sólo los instrumentalizan para confundir a su electorado más dubitativo y para tratar de sembrar discordia entre los populares, sabedores de las dos corrientes que imperan sobre este espinoso asunto en dicho partido.

Recomiendo en este artificial debate promovido desde Moncloa leer la tribuna de Ricardo de Lorenzo, posiblemente el mejor abogado sanitario de este país, en Redacción Médica. En ella subraya que el médico no puede ser obligado a realizar actos contrarios a sus convicciones morales o religiosas, y que el derecho de objeción no nace del registro, sino directamente de la Constitución y del reconocimiento jurisprudencial de su protección. Además, el Comité de Bioética de España refrenda que la objeción de conciencia «constituye una exigencia ética de respeto a la autonomía moral del profesional sanitario y no una concesión del Estado». ¿Queda claro, señores del Gobierno?