¿Cuándo se acaba Muface? La fecha límite que decide el futuro de los funcionarios civiles

Se avecinan días cruciales para resolver el atolladero de Muface. Tras el fracaso de las negociaciones, el Gobierno ha sentido el «tic-tac» del reloj detrás de la oreja y ha decidido lanzar una red a ver si pesca algo antes de que se le agote el tiempo. Es por ello que hoy, jueves, se abre un plazo de consulta de 10 días hábiles (hasta el 4 de diciembre) para que las aseguradoras privadas interesadas (si hubiera alguna) puedan trasladar el precio por el que estarían dispuestas a prestar asistencia sanitaria a los funcionarios civiles del Estado desde 2025 hasta 2027.

Una vez recibida esta información, el Gobierno podrá elaborar una nueva oferta que sustituya a la anterior, que quedó desierta por primera vez en la historia ante el rechazo de Adeslas, Asisa y DKV. Las tres aseguradoras que se encargan de prestar el servicio en la actualidad, alegaron que la cantidad por la que se les ofrecía éste no era suficiente, ya que venían sufriendo pérdidas anuales de unos 200 millones de euros debido al envejecimiento de los mutualistas de Muface y al aumento de los costes sanitarios.

El actual proceso de sondeo permitirá a las aseguradoras presentar propuestas no vinculantes en las que indiquen qué cuantía considerarían adecuada para asumir la cobertura sanitaria de los mutualistas. Con esta información, el Gobierno espera redefinir las bases económicas de una nueva licitación que podría ser discutida en el Consejo de Ministros en los primeros meses de 2025.

El convenio actual entre Muface y las aseguradoras tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2025. Sin embargo, la ley permite una prórroga de nueve meses, lo que extiende el margen de negociación hasta finales de octubre de 2025. Esto otorga algo de tiempo al Gobierno y a las aseguradoras para buscar un acuerdo, pero no elimina la incertidumbre sobre el futuro de la mutualidad.

¿Qué pasa si no se alcanza un acuerdo para Muface?

Si las negociaciones fracasan y no se consigue renovar el modelo actual antes del 31 de octubre de 2025, el futuro de Muface podría dividirse en dos escenarios principales: el trasvase completo de los 1,5 millones de funcionarios y sus familias a la sanidad pública (la opción que respalda el Ministerio de Sanidad, pero rechazan los médicos y enfermeras) o alargar in extremis el convenio actual mientras se negocia uno nuevo, postura que defiende el departamento de Óscar López (Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública).

En el caso de que finalmente se traslade a los funcionarios de Muface a la Seguridad Social, el Gobierno ha manifestado que se realizará mediante financiación estatal que se dará a las comunidades autónomas con el objetivo de que éstas lo inviertan en los servicios autonómicos de salud. En total, se repartirían 2.681 millones de euros en las arcas de cada comunidad. El proceso, según Sanidad, sería gradual. A lo largo de 9 meses, los empleados públicos pasarían a formar parte de la sanidad pública por orden de apellido, edad y aseguradora.

En este escenario, los mutualistas ya no podrían elegir anualmente si quieren asistencia pública o privada (con costes reducidos en los medicamentos y otras ventajas), como ocurre ahora. Si quieren mantenerse en su seguro privado tendrían que pagarlo de su bolsillo en lugar de que se les retenga mensualmente. También tendrían que pagar el de sus familiares (en la actualidad, la cobertura incluye a los cónyuges e hijos del funcionario). Te puede interesar: Lo que tendría que pagar un mutualista si desaparece Muface: cuánto cuesta un seguro de salud privado en DKV, Adeslas y Asisa.

El otro escenario sería aquel en el que se logra reestructurar Muface para salvar la mutualidad. Este es lo que quiere el Ministerio de Función Pública. Para ello, el Gobierno debe encontrar un equilibrio económico que permita a las aseguradoras operar sin pérdidas. Hasta ahora, las aseguradoras vienen pidiendo un aumento del 38% en las primas, una cifra alejada de lo que la subida del 17% que ofreció el Gobierno.

Para llegar a un acuerdo, la posible solución consistiría alargar la duración del convenio, como ya se ha propuesto en este sondeo preliminar, que pasa ofrece a las aseguradoras un concierto de tres años (2025-2027) en lugar del fallido, que era de dos (2025-26). Esto permitiría amortiguar el impacto de los costes iniciales para las aseguradoras. Además, podrían establecerse primas diferenciadas por tramos de edad, reflejando mejor los costos reales de atención sanitaria según el perfil demográfico del colectivo cubierto.

Consecuencias de la desaparición de Muface

La desaparición de Muface marcaría el fin de un sistema creado en 1975 con el objetivo de ofrecer una opción sanitaria personalizada y descentralizada para los funcionarios públicos. Aunque el modelo enfrenta desafíos estructurales evidentes, su cierre tendría varias implicaciones:

• Mayor presión sobre el sistema público de salud: La incorporación de 1,5 millones de nuevos usuarios al sistema público podría aumentar la carga en sistemas de salud ya tensionados.
• Mayor carga económica para los funcionarios e impacto político por el desmantelamiento de Muface, que podría generar descontento entre los funcionarios.

¿Hay margen para salvar Muface?

Aunque el tiempo apremia, el margen de negociación hasta octubre de 2025 da espacio para ajustar la oferta gubernamental y atender algunas de las demandas de las aseguradoras. Las consultas preliminares serán cruciales para definir la viabilidad de una nueva licitación. De lograrse un acuerdo, este podría sentar las bases para una Muface renovada, adaptada a las necesidades actuales de su población protegida y sostenible a largo plazo.