Salud
Ni Madrid ni Cataluña: las comunidades autónomas más afectadas por la obesidad en España
Un nuevo informe revela que Andalucía, Extremadura y Canarias concentran más obesidad en España por desigualdad social, renta y entorno
España no engorda por igual. Vivir en una comunidad autónoma u otra, incluso en un barrio u otro, puede marcar la diferencia entre tener una vida saludable o desarrollar obesidad. Esta es una de las principales conclusiones del informe "El Desigual Peso de la Obesidad: el Impacto de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS)", presentado en el Ministerio de Sanidad por la Fundación Gaspar Casal con la colaboración de la farmacéutica Lilly.
El estudio revela "profundas desigualdades territoriales y socioeconómicas" en el peso de la población española y en el acceso a los tratamientos para la obesidad. Regiones como Andalucía, Extremadura o Canarias presentan las tasas más elevadas, mientras que comunidades de mayor renta, como Madrid o País Vasco, muestran cifras notablemente más bajas.
La obesidad es un reflejo de nuestras desigualdades
Los autores del informe lo dicen sin rodeos: "La obesidad es un reflejo estructural de las inequidades sociales, económicas y de género". El documento muestra que el 37% de la población adulta presenta sobrepeso y el 19% obesidad, unas cifras que se disparan en niños y niñas, donde el exceso de peso alcanza el 40,6%.
Pero la clave no es solo cuántos, sino quiénes y dónde. Según el informe, las tasas de obesidad "son significativamente más elevadas en comunidades con menor nivel de renta (…) y entre los grupos con bajo nivel educativo".
La Fundación Gaspar Casal apunta que "reducirla no es una cuestión de fuerza de voluntad individual: detrás existen condicionantes profundos que marcan la diferencia entre tener una vida saludable o no".
El mapa de la desigualdad del peso
El estudio detalla que, en España, "las desigualdades territoriales en el acceso a recursos para la prevención y tratamiento de la obesidad" influyen de forma determinante en las cifras de exceso de peso. En regiones con menos recursos públicos, menor renta media y más dificultades de acceso a alimentos saludables, el riesgo de obesidad aumenta.
A esto se suma el nivel económico y educativo: "La prevalencia de obesidad se reduce con los niveles más elevados de renta y educación". En la práctica, esto se traduce en que una persona de un barrio rico de Madrid tiene muchas menos probabilidades de tener obesidad que alguien de una zona rural de Andalucía o de un entorno urbano empobrecido.
El barrio que engorda
El informe insiste en que la obesidad no es una decisión individual, sino el resultado de determinantes sociales, como el lugar en el que se vive. Habla de "entornos obesogénicos" que dificultan la vida saludable: barrios sin supermercados, zonas sin parques caminables, trabajos sedentarios, jornadas largas, vivienda precaria y escaso acceso a servicios de salud.
Además, el documento destaca que existen "condiciones estructurales que dificultan el acceso a alimentos saludables y a oportunidades de actividad física", especialmente en zonas vulnerables. Por eso, añade, "la pobreza infantil y familiar está directamente vinculada a mayores tasas de obesidad".
Un coste sanitario que ya supera los 1.950 millones al año
Además de su impacto social, la obesidad afecta de lleno a la sostenibilidad del sistema sanitario. El informe recuerda que el exceso de peso genera 1.950 millones de euros anuales en sobrecostes directos, y que el 58% de este gasto se debe a tratar complicaciones como diabetes o enfermedades cardiovasculares.
Diego Bellido, presidente de la SEEDO, ha insistido en que España necesita una estrategia nacional: "Si no actuamos sobre las desigualdades, la obesidad seguirá creciendo". En sus palabras, "la evidencia demuestra que la obesidad no aparece al margen del contexto social y no se puede responsabilizar a la persona de un problema que es estructural".
El informe propone medidas que van desde reforzar la atención primaria hasta rediseñar ciudades para facilitar la actividad física, regular la publicidad alimentaria y crear un Observatorio Nacional de la Obesidad. Su objetivo, en palabras del propio documento:
"Transformar los entornos obesogénicos en entornos saludables, situando la equidad en el centro de la acción pública".