España se encuentra en plena transición demográfica: la población envejece a gran velocidad y, como consecuencia, las enfermedades neurodegenerativas van en aumento. La más frecuente, el Alzheimer, ya afecta a cientos de miles de personas y su impacto se multiplica en las familias, los sistemas de salud y la economía.

Las estimaciones varían según quién las emita. La Sociedad Española de Neurología (SEN) calcula que en nuestro país hay más de 800.000 personas diagnosticadas. Sin embargo, la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) eleva la cifra hasta 1,2 millones si se consideran casos sin diagnosticar o en fases muy incipientes. La diferencia refleja un problema de fondo: el subdiagnóstico y la falta de registros homogéneos.

En el Congreso Nacional de Alzheimer, el presidente de la SEN,José Miguel Láinez, resumió la situación con una advertencia: “El mejor tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es su prevención”.

Diagnósticos tardíos y previsiones

Cada año se detectan alrededor de 40.000 nuevos casos en España. El problema es que gran parte de los pacientes llegan a la consulta en fases moderadas, cuando la pérdida de memoria y las alteraciones cognitivas ya son evidentes y las opciones de intervención se reducen.

Las proyecciones del Ministerio de Sanidad son poco alentadoras: de no cambiar la tendencia, en 2050 podría haber en torno a 1,7 millones de personas afectadas. El investigador Pascual Sánchez Juan, director científico del Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas (CIEN), lo expresó con claridad en un congreso internacional: “Si se logra retrasar el curso del Alzheimer, el impacto en salud pública puede ser enorme”.

El coste oculto del Alzheimer

La enfermedad no solo consume recursos médicos, también genera un gasto económico y emocional descomunal en las familias. Estudios recientes estiman que entre un 70% y un 86% de los costes recaen directamente sobre los hogares, mientras que el sistema sanitario solo cubre una pequeña parte, en torno al 8%. El desembolso anual por paciente se aproxima a 24.000 euros, aunque puede ser superior si se incluyen las horas de cuidados no remunerados y la pérdida de ingresos laborales.

Las consecuencias emocionales son igualmente graves. Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, advertía en una nota pública: “...la sobrecarga por el cuidado [de las personas con Alzheimer] provoca que cerca del 60% de los cuidadores presenten morbilidades, principalmente psiquiátricas, como ansiedad o depresión”.

El peso de los cuidados tiene además un fuerte componente de género. Son las mujeres —esposas, hijas, hermanas— quienes mayoritariamente asumen esa labor. La presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, lo expresó con contundencia: “A la Administración pública le ha ido muy bien que las mujeres se hicieran cargo de los enfermos de Alzheimer”.

Ciencia en movimiento

A pesar de este panorama, la investigación abre un horizonte de esperanza. En los últimos años han surgido nuevos fármacos que buscan ralentizar la progresión de la enfermedad. Aunque todavía generan debate sobre su eficacia y seguridad, su llegada marca un punto de inflexión. Del mismo modo, se están desarrollando pruebas de sangre y otros biomarcadores que podrían facilitar un diagnóstico más temprano.

Los especialistas insisten en que la detección precoz es clave: cuanto antes se identifique el deterioro, mayores son las posibilidades de aplicar terapias que retrasen la evolución. Para ello, resulta esencial reforzar el papel de la atención primaria y la coordinación con unidades de neurología y geriatría.

El reto político y social

La SEN, la CEAFA y la Fundación Pasqual Maragall coinciden en sus demandas: un plan nacional específico para la demencia que garantice financiación estable, más apoyo a las familias y mayor inversión en investigación aplicada. No se trata únicamente de mejorar los hospitales, sino también de crear servicios comunitarios de respiro, apoyo psicológico a cuidadores y recursos que permitan mantener la calidad de vida de los pacientes durante más tiempo.

La perspectiva de género también aparece como un tema central: reconocer y compensar el papel de las mujeres cuidadoras es una deuda pendiente en el diseño de políticas públicas.

El Alzheimer se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública en España. Las cifras —entre 800.000 y 1,2 millones de personas afectadas, 40.000 nuevos diagnósticos cada año y un coste medio de 24.000 euros por paciente— dan una idea del alcance del problema.

Pero detrás de los números hay vidas, familias y una sociedad que debe adaptarse. Como señalaba José Miguel Láinez, la prevención es la herramienta más poderosa.

El Alzheimer obliga a replantearse cómo organizamos los cuidados, qué recursos dedicamos a la ciencia y qué tipo de sociedad queremos para afrontar el reto del envejecimiento.