Las mentiras sobre la sanidad de la quita de deuda

La quita de la deuda autonómica es una de las mayores engañifas que se recuerdan en España. Primero, porque tal quita no existe. Pese a lo que pregona Pepe Álvarez, el secretario general de UGT reconvertido en forofo del sanchismo, la deuda «indultada» no desaparece, sino que se transfiere al Estado, lo que equivale a decir que seguimos teniendo que pagarla todos los españoles. Segundo, porque no se hace por el bien común, sino por el bien particular del presidente del Gobierno, obligado por sus socios nacionalistas a liberar a Cataluña del pago del capital principal y los intereses si pretende seguir un día más en el cargo. Si tan importante era, ¿por qué no la aprobó hace siete años, cuando llegó al poder? Y tercero, porque su aprobación va acompañada del falso relato de que las comunidades gozarán así de mayor margen financiero para reforzar los mismos pilares del estado del bienestar que, curiosamente, más se han deteriorado desde que Sánchez alcanzó el poder. Entre ellos figuran, por derecho propio, la educación, la sanidad y, por lo que se dice ahora, la vivienda, inmersa en una crisis que se quiere transferir a las regiones, al estar estas gobernadas por el PP.

Este relato interesado va a servir durante los próximos meses a la izquierda y la ultraizquierda para justificar sus grandes fracasos sanitarios, y le viene de perillas a Mónica García, la ministra que no perdona nunca un día de sus vacaciones. Si faltan médicos, la culpa será así de las autonomías. Si empeoran las listas de espera, la responsabilidad será de Díaz Ayuso, Fernández Mañueco o el Juanma Moreno de turno. En este escenario, resultará interesante conocer la evolución de la sanidad en la región de Salvador Illa. Los datos revelarán si el problema era la deuda o una gestión nefasta, alimentada por una herencia aún peor.