Apenas unas horas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera un paso histórico al declarar «esenciales» los fármacos adelgazantes basados en agonistas del receptor GLP-1 (como Ozempic o Mounjaro) para tratar la obesidad y avanzar hacia un acceso sanitario universal, el Ministerio de Sanidad español ha vuelto a rechazar su financiación dentro del Sistema Nacional de Salud.

La OMS publicó este lunes la primera guía de uso de estos medicamentos, que los incluye en su lista modelo de medicamentos que considera imprescindibles para crear un sistema de salud básico y universal. Su argumentación se basa en la evidencia de que estos tratamientos pueden generar una pérdida de peso «clínicamente significativa» y aportar «beneficios metabólicos amplios» para personas con sobrepeso u obesidad.

Mientras, en España la realidad presenta un contraste significativo. El Ministerio de Sanidad ha rechazado reiteradamente que estas terapias sean financiadas por el sistema público de salud. La última ha tenido lugar esta mañana, a través de una resolución publicada esta mañana Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) .

En el caso de Ozempic, cuyo principio activo es semaglutida, su financiación está limitada exclusivamente a su uso como monoterapia para la diabetes tipo 2; su prescripción para adelgazar no está cubierta. Por su parte, Mounjaro —con tirzepatida—, apenas unos meses después de su aprobación e introducción en farmacias en España, sigue sin formar parte de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por qué Sanidad no quiere que la Seguridad Social cubra Ozempic

Según informaciones oficiales, la negativa del Ministerio a financiar tratamientos como Wegovy —otra semaglutida orientada a la obesidad— responde al elevado impacto presupuestario que supondría su generalización. Así, la decisión de la CIPM se ampara en criterios de «racionalización del gasto farmacéutico público» y el intento de preservar la sostenibilidad del sistema.

Este dilema refleja una tensión creciente entre salud pública global y políticas nacionales: por un lado, la OMS pide que estos fármacos formen parte de los tratamientos estándar contra la obesidad, tratándola como una enfermedad crónica y grave; por otro, en España esos mismos medicamentos quedan, en muchos casos, fuera del alcance del ciudadano medio y solo quienes pueden permitirse pagarlos pueden beneficiarse.

Esta situación genera críticas desde el ámbito sanitario, ya que las voces expertas defienden que reconocer la obesidad como enfermedad crónica y garantizar un acceso igualitario al tratamiento, sin diferencias entre Comunidades Autónomas. Esto sería clave para evitar la inequidad territorial en el acceso a terapias y prevalencia de la obesidad.

Por tanto, mientras la comunidad internacional —representada por la OMS— da luz verde a los fármacos adelgazantes como herramienta legítima y necesaria en la lucha contra la obesidad, en España la financiación pública sigue bloqueada, dejando su uso al ámbito privado. Una paradoja que abre el debate sobre qué tipo de sistema de salud queremos: uno que responda a recomendaciones globales y garantice equidad, o uno en que el acceso al tratamiento dependa del bolsillo.