Fátima Matute y Mónica García son como el día y la noche de la política sanitaria. La primera es una médico muy conocida en el Hospital Clínico de Madrid que ocupa temporalmente el cargo de consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estos días acaba de regresar de Chicago, en donde sus prestigiosos colegas de profesión de la Sociedad Americana de Radiología la han galardonado por su soberbia trayectoria profesional. Cuando deje la política, retornará sin problemas a su puesto de trabajo y será muy bien acogida por el resto de los sanitarios.

La segunda, en cambio, es una médico anestesista que pasó sin pena ni gloria por el Hospital 12 de Octubre de Madrid y que recaló al frente del Ministerio de Sanidad por el mero hecho de ser cuota de Sumar. Uno de los pagos obligados que tuvo que hacer Pedro Sánchez. En los más de dos años que lleva en el cargo, no ha pisado ni un solo hospital madrileño en visita oficial por temor a ser vituperada por sus propios colegas de profesión, y cuando acabe su periplo político, no será precisamente bien acogida por sus colegas, sabedores de una supina incompetencia que ha podido costarles cara.

Matute y García representan las dos caras diferentes con las que se puede hacer política sanitaria. Con sus posibles errores, la consejera madrileña es creativa, trata de innovar y aprieta a los gerentes para que los resultados sanitarios mejoren. La ministra es en cambio corrosiva. Lo que hace no busca construir, sino destruir. Cada normativa que emana de su departamento y cada declaración pública que efectúa va en contra de alguien, generalmente el PP y, sobre todo, Madrid, que es donde aspira a recolocarse como férrea opositora mientras el Gobierno al que pertenece zozobra en medio de la carcoma de la corrupción.