Opinión

Mónica García quiere sacar tajada del fin de Muface

La derivación de pacientes es una bomba de relojería para Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el último pleno del Congreso de los Diputados.
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el último pleno del Congreso de los Diputados.Gonzalo PérezLa Razón

Mónica García aspira a sacar tajada de la muerte programada de Muface y, en este contexto, hay que enmarcar el informe que filtró el pasado martes a los medios de comunicación avalando la extinción de este modelo sui generis de atención sanitaria a los empleados públicos. Aunque las apariencias podrían indicar que el gran perjudicado sería el Ministerio de Sanidad, pues alrededor de 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios pasarían a recibir asistencia en la sanidad pública, que ya registra listas de espera récord, la desaparición del mutualismo administrativo pondría en realidad en muy mala situación a las comunidades, que son las que tienen las competencias, y, particularmente, a dos de las que más cuestionan el trabajo de la anestesióloga como máxima autoridad sanitaria del Estado: Andalucía y Madrid. Cada una de ellas tendría que asumir la asistencia de en torno a 400.000 pacientes adicionales, tratándose además de un colectivo muy envejecido e hiperfrecuentador de servicios sanitarios por las escasas tasas de reposición en la Administración pública. Una bomba de relojería para Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso en un área tan sensible como la sanitaria, que tantos votos da y quita.

La muerte de Muface dejaría además en mal lugar a Óscar López, ministro de Función Pública y posible elegido para liderar al PSOE en su eterna lucha por reconquistar Madrid. ¿Con qué legitimidad podría atacar a la presidenta popular en el área sanitaria, si con él se produce tal transferencia de pacientes? Tal decisión le debilitaría en caso de que recale en Madrid como estilete opositor y beneficiaría a la ultraizquierda, que siempre demandó la desaparición de Muface y el fin de los privilegios para la «casta» funcionarial.