¿Qué pasa entre Muface, el Gobierno y las aseguradoras? La sanidad de los funcionarios, en peligro

Buena parte de la población española sabe lo que es Muface. Pero otro gran segmento de la sociedad, que ni está formado por funcionarios ni por familiares de funcionarios, desconoce lo que significan estas siglas. En cualquier caso, es posible que estas dos últimas semanas le hayan llegado noticias sobre que este sistema atraviesa un momento crítico. O sobre que la situación de alta tensión que se vive entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), el Gobierno y las empresas de seguros de salud privados. Por eso, a continuación desgranamos qué pasa con Muface. ¿Por qué los titulares advierten de que este sistema «agoniza» por la falta de financiación pública? ¿Por qué muchas personas vaticinan que el desmantelamiento de Muface colapsará la sanidad pública?

Conviene saber primero qué es Muface. Pues bien, Muface nació en 1975. Es una entidad pública autónoma que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España. A través de ella, se gestiona la asistencia sanitaria que reciben un millón y medio de funcionarios civiles del Estado, adscritos a esta mutua, y sus familias.

Pese a que el Ministerio de Sanidad ha defendido que no tiene ninguna intención de hacer desaparecer Muface, desde hace meses se viene alertando de una «muerte lenta» y de un «desmantelamiento» agónico para los mutualistas, que permanecen en vilo ante la posibilidad de quedarse sin asistencia sanitaria privada a partir del 1 de enero de 2025.

El desmantelamiento de Muface, ¿por qué puede morir?

La clave se encuentra en que Muface se sustenta a través de un convenio que sufraga el Gobierno y que firman las aseguradoras privadas que prestan este servicio. Este año, los términos de la renovación del acuerdo han generado una profunda preocupación entre las aseguradoras privadas, que llevan años arrastrando pérdidas (más de 142 millones de euros anuales en 2023) y quejándose de la falta de financiación del modelo, y los propios funcionarios que se benefician de sus servicios.

A grandes rasgos, las aseguradoras privadas se levantaron de la mesa de negociación reclamando más dinero, argumentando que el coste por cada usuario se ha disparado desde hace tiempo. La subida se debe a factores como el envejecimiento de la población y la ampliación de los servicios con los que se da cobertura a millones de mutualistas y familiares. Ante esto, el Gobierno accedió a incrementar la financiación de este modelo un 12,5% anual en 2025-2026, muy por debajo de las exigencias de las tres aseguradoras que dan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV).

Por lo tanto, el punto de partida para las fricciones se encuentra en la «insuficiente» financiación que ofrece el Gobierno. Según los seguros de salud privados, la cifra propuesta no sirve para mantener la continuidad de Muface. Para la patronal de la sanidad privada, la falta de inversión en la mutualidad podría poner en peligro el futuro de este modelo. Estudios llevados a cabo por el sector afirman que la muerte de Muface supondría el colapso de la sanidad pública.

Qué pasará con Muface y por qué afectara a la sanidad pública

Por el momento, Muface ha movido ficha: ha lanzado su concurso por un valor total de 3.218 millones de euros por dos años. Ahora, las aseguradoras tienen hasta el 5 de noviembre para decidir si aceptan este contrato y se presentan para gestionar la sanidad de los funcionarios. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la sanidad pública de la que disfrutamos todos los españoles?

En primer lugar, debemos saber que pertenecer a Muface no implica que se tenga que recibir necesariamente asistencia privada. Los mutualistas pueden elegir libremente cada año una aseguradora o la sanidad pública. Sin embargo, en la actualidad, el 70% de los funcionarios de Muface elige voluntariamente recibir su asistencia médica en la sanidad privada. Solo el 30% se decanta por la Seguridad Social.

Esto supone un alivio de los recursos asistenciales del Sistema Nacional de Salud y deriva casi todo el peso de la asistencia en las aseguradoras privadas. Por ello, en el supuesto de que las compañías aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas optaran por abandonar el modelo, se generaría una situación muy compleja para el sistema sanitario de España.

La patronal de las aseguradoras privadas manifiesta que asistiríamos a un «éxodo de mutualistas hacia la sanidad pública» que provocaría la sobrecarga del sistema nacional de salud y su futuro colapso. Esto aumentaría las listas de espera de Atención Primaria y Hospitales, agravando el problema de acceso que ya existe en la actualidad.

Qué es lo que piden las aseguradoras privadas para hacerse cargo de Muface

Este es el gran kit de la cuestión. A grandes rasgos, las aseguradoras privadas piden ajustar la prima que reciben por cada mutualista. Pero, ¿qué es la prima? Digamos que es el dinero que se destina a cada persona de media al año para sufragar sus siniestros y gastos sanitarios dentro de la cobertura que se les ofrece. La cuestión es que hay una brecha entre lo que el Gobierno se gasta por persona que acude a la sanidad pública y lo que se gasta por persona mutualista.

La prima media del mutualista es de 1.013 euros al año, un 723 euros inferior en comparación con lo que se invierte en una persona en el régimen general de la Seguridad Social, según el informe de impacto de las mutualidades en el sistema sanitario elaborado por la Fundación IDIS. El análisis también indica que mientras que la prima pública por persona ha crecido un 53% en los últimos 10 años, lo destinado a las mutualidades solo ha crecido un 32%.

Con lo cual, la Fundación IDIS (a la que pertenecen las tres aseguradoras que hasta ahora se han hecho cargo del convenio) manifiesta que el Gobierno les debería haber ofrecido una subida del 25% de la inversión en el concierto para los próximos dos años, en lugar del 12,5% que se les ofreció.

A pesar de las críticas de las aseguradoras, el Ministerio competente informó de que «se trata de la mayor subida de la historia de las primas». No obstante, la Fundación IDIS respondió a través de un comunicado que «puede que este incremento de la prima sea el mayor propuesto por el Gobierno en la historia de la mutualidad, pero coincide con el momento de peor situación financiera del modelo en toda su historia».

Por el momento, en los últimos días no se ha producido mayor movimiento. Los bloques de negociación permanecen inmóviles y los próximos días determinarán si la negociación avanza, si las partes están dispuestas a negociar o si realmente las aseguradoras no se presentarán al concurso público, quedando el contrato desierto y el modelo «herido de muerte».