Todos los políticos europeos analizados tenían PFAS en sangre y más de la mitad en concentraciones preocupantes

Un análisis realizado a 24 altos cargos políticos de 19 países de la Unión Europea ha revelado que más de la mitad de ellos tienen en su sangre unas concentraciones de PFAS que podrían entrañar riesgos para la salud, tal y como informa en un comunicado Hogar Sin Tóxicos.

Los PFAS, también conocidos como “tóxicos eternos”, son una de las familias de químicos más empleadas hoy por la industria. Están presentes en el agua, los alimentos e innumerables productos cotidianos, desde una sartén a productos de maquillaje.

De hecho, en 2018 se estimó que había en el mercado más de 4.700 sustancias distintas utilizadas en sectores tan diversos como el procesado alimentario, la industria textil o la fabricación de material sanitario.

Y eso a pesar de que han sido asociados a un mayor riesgo de problemas como distintos cánceres, infertilidad, trastornos tiroideos o de la inmunidad.

Entre los políticos analizados figuran la Comisaria Europea de Medio Ambiente, 11 ministros, 7 secretarios o vicesecretarios de Estado –entre los cuales está el secretario de Estado de Medio Ambiente de España, Hugo Morán– y 4 directores generales o directores ejecutivos.

En paralelo, 108 organizaciones de la sociedad civil europea han presentado un manifiesto en el que denuncian que “la crisis de la contaminación causada por PFAS debe tratarse como una situación de emergencia”.

Instan a los Estados miembros de la UE y a la Comisión a que prohíban todos los PFAS en los productos de consumo en 2025 y a que se alcance una

prohibición completa en 2030 para proteger a las generaciones actuales y futuras.

La iniciativa de realizar estos análisis, impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca en colaboración con la European Environmental Bureau (EEB10) y la organización ChemSec, busca llamar la atención sobre lo generalizada que es la contaminación por estas sustancias tóxicas persistentes, y animar de ese modo a que los líderes de la UE tomen medidas eficaces y urgentes para resolver un problema que también les afecta a ellos en sus propios cuerpos.

Nadie está libre de PFAS

En las analíticas solo se buscó la presencia de 13 PFAS, de entre los miles de PFAS existentes. Y pese a ello, en el plasma sanguíneo de todos ellos se encontraron entre tres y ocho de estas sustancias tóxicas y la mitad de las personas analizadas superaban las concentraciones que pueden ser de riesgo.

“Los resultados de estos análisis muestran que nadie, ni los propios políticos, puede escapar de los problemas generados por esta contaminación y que no se debe hacer oídos sordos ante las evidencias que muestra la comunidad científica. Estamos hablando de sustancias que podrían tener efectos en la salud a concentraciones tan bajas como de milmillonésimas de gramo 15”, afirma en un comunicado Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, que colabora con EEB en la difusión de estos temas.

Seis de los PFAS detectados en la sangre de los políticos ya están regulados en la UE17, pese a lo cual siguen presentes en nuestro entorno y en nuestro organismo, lo que evidencia la alta persistencia de estas sustancias y lo prolongada que es la amenaza que representan tanto para los humanos como para la Naturaleza.

“El problema de los PFAS -como advierte De Prada- va mucho más allá de las pocas de estas sustancias que han sido reguladas hasta ahora, ya que se trata de miles de compuestos, la mayoría de los cuales no han sido regulados a pesar de que muchos de ellos puedan entrañar riesgos sanitarios”.

Las medidas que se reclaman deben incluir una restricción de estas sustancias como grupo y en sus múltiples usos, y no tan solo unas medidas limitadas únicamente sobre algunas de ellas en ciertos productos de consumo, como sugirió este verano la Comisión Europea al presentar su Plan de Acción de la Industria Química.

Para ChemSec y EEB, los retrasos y las lagunas legales solo prolongarán la crisis de contaminación y aumentarán los riesgos para la salud y los costos de limpieza para las generaciones futuras.

El coste de la inacción

El secretario general de la European Environmental Bureau (EEB), Patrick ten Brink, insiste en que “el coste humano y económico de la inacción en torno a la contaminación por PFAS ya es alarmante y crece día a día. Los responsables políticos deben cerrar el grifo urgentemente, exigir responsabilidades a los contaminadores y detener este ciclo de daños. La gente necesita recuperar la confianza en el agua que bebe y en los alimentos que consume”.

Se ha comprobado que cuando se adoptan medidas legales serias para restringir algunas de estas sustancias, su presencia en el organismo humano baja. El problema es que son pocos los PFAS que han sido regulados hasta ahora21. Por ello, señala Anne-Sofie Bäckar, directora ejecutiva de ChemSec, es preciso que “los líderes de la UE culminen la tarea con una prohibición universal de todos los PFAS, no solo en productos de consumo, antes de que otra generación pague el precio de la demora de la industria”.

Como se apunta desde EEB y ChemSec, los hallazgos resaltan tanto la urgencia como la oportunidad que afrontan los responsables políticos europeos. Si bien las restricciones decretadas para unos cuantos PFAS pueden estar empezando a reducir algo la exposición a los mismos, el problema es que tales sustancias son sustituidas por otros PFAS que continúan acumulándose en la sangre de las personas, y las concentraciones de algunos compuestos están aumentando drásticamente. Es por esto que se hace necesario que la restricción de los PFAS no afecte solo a unas cuantas sustancias, sino de forma extensa a los PFAS como grupo, a fin de evitar lo que se denominan sustituciones lamentables, en las que las empresas reemplazan una sustancia química dañina regulada por otra alternativa no regulada (y potencialmente igual de dañina).

Prevenir una mayor contaminación mediante una legislación sólida es posible y rentable. La Unión Europea se encuentra en un momento crítico en el control de sustancias químicas peligrosas. Por un lado, se prepara para revisar su marco regulatorio (Reach) y, por otro, está considerando la propuesta de “restricción universal de PFAS” presentada por cinco Estados miembros ante las evidencias de los tremendos estragos que estas sustancias estaban causando en toda Europa.

Sin embargo, como denuncia De Prada, “en estos momentos, las presiones de la industria química pueden hacer descarrilar este intento de alcanzar una prohibición amplia de los PFAS, unas sustancias químicas peligrosas que han contaminado el medio ambiente europeo de forma generalizada”. Desde un primer momento, la propuesta inicial de prohibición de los PFAS fue atacada por el Consejo de la Industria Química Europea (Cefic), que entonces reconocía invertir casi 10 millones de euros al año en actividades de lobby vis-à-vis ante los funcionarios europeos.

Cefic se movilizó haciendo previsiones catastrofistas, absolutamente exageradas, de lo que supuestamente sucedería si estas sustancias se restringían pero, claro está, omitiendo los costes, muchos mayores, que para toda la sociedad tendría no restringirlas.

La crisis originada tras la invasión de Ucrania fue utilizada como excusa que permitió que la labor de presión de diferentes actores sobre la Comisión se fuese intensificando cada vez más.

Mientras tanto, la factura sigue creciendo. Según algunas estimaciones, limpiar la contaminación por PFAS podría costar a la UE hasta 2 billones de euros en los próximos 20 años. Solo la remediación ambiental podría costar 100.000 millones de euros anuales. Todo sin contar con los entre 52.000 y 84.000 millones de euros adicionales en costes anuales relacionados con la salud, que valoraba en su día un informe del Consejo nórdico de Ministros.