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Bankia paraliza el desahucio del matrimonio de sordomudos en Pinto

María del Carmen y Antonio han recibido una orden de desahucio para el próximo 30 de enero
María del Carmen y Antonio han recibido una orden de desahucio para el próximo 30 de enerolarazon

A Antonio y María del Carmen se les ha ofrecido un alquiler social

Bankia ha paralizado el desahucio de un matrimonio de ancianos residentes en Pinto (Madrid), sordomudos y analfabetos, previsto para el próximo mes de enero, después de que avalaran el préstamo hipotecario de uno de sus hijos sin tener conocimiento de lo que firmaban.

Fuentes de la entidad bancaria han informado a Efe de que hoy se le ha comunicado "a la familia"de María del Carmen Lebrón, de 81 años, y Antonio Pleguezuelos, de 76, la decisión de parar el desahucio de la vivienda en la que residen desde hace 50 años en el número 5 de la calle de Velázquez, en Pinto.

Al matrimonio, que tiene reconocida una discapacidad del 70 por ciento porque no oyen, se le ha ofrecido la posibilidad de acogerse a un alquiler social que se concretará cuando Bankia reciba la documentación básica que solicita para este tipo de acciones, han precisado las mismas fuentes.

Antonio y María del Carmen tienen 81 y 76 años. Estaban pendientes de una orden de desahucio por haber avalado sin conocimiento de lo que hacían a uno de sus hijos. Ahora se pueden quedar sin casa porque el banco quiere ejecutar el aval. Para evitarlo, otro de sus hijos abrió una petición en Change.org que acumuló más de 140.000 apoyos. La petición va a compañada de un vídeo sobre la historia de este matrimonio y la situación que está viviendo, un vídeo que sólo en Facebook ha sido visto por más de un millón de personas.

Según explica Benjamín, uno de sus hijos, Antonio perdió el habla con cuatro años por culpa de una meningitis. maría del Carmen nació sorda. Los dos son analfabetos, pero eso no evitó que se conocieran en una céntrica calle del madrileño municipio de Pinto. Eran vecinos, después amigos y, finalmente, matrimonio.

Durante todos estos años han luchado por salir adelante. En 2005, uno de sus hijos les dijo que le acompañaran para firmar una póliza de seguros. Nada tenía que ver. El notario conocía las minusvalías de Antonio y María del Carmen y así lo hizo constar en el acta. Por ello, decidió leer en voz alta el contenido de lo firmado. Daba igual, no le escuchaban. Lo que habían firmado era un documento por el que se convertían en copropietarios de una vivienda y que se convertían en avalistas de un préstamo hipotecario con su propia vivienda.

Todo transcurría con normalidad hasta que recibieron una carta de Bankia con un mensaje muy claro: Los ancianos serán desahuciados de la vivienda en Pinto en la que viven desde el año 1970 y que han pagado con muchas dificultades y tirando de ahorros. El documento explicaba que el préstamo que avalaron, y una ampliación del mismo, nunca fue pagado. Por eso, el banco iba a ordenar la ejecución del aval.

Según explica Benjamín en Change.org, "No es justo que a Antonio y María del Carmen se queden en la calle a estas alturas de su vida. No es justo que les quiten la casa que tanto esfuerzo les ha costado pagar. Una casa que, por cierto, está completamente adaptada a sus necesidades, con un sistema de luces que se encienden cada vez que alguien llama al timbre o al telefonillo. Por eso he iniciado esta petición dirigida a Bankia. La movilización popular ha frenado muchos desahucios en los últimos años y estoy seguro de que también podemos frenar este".

Así, insiste, "como cerrajero, sé bien que un desahucio es una de las situaciones más duras que se pueden dar en la vida. Tanto que hace cinco años me negué a participar en ellos al ver el sufrimiento que ocasionan. Sé que será un golpe del que mis padres no podrán recuperarse".

Benjamín lamenta todo lo ocurrido y espera que Bankia, donde "también conocen bien este sufrimiento"les de "una segunda oportunidad a mis padres, del mismo modo que los españoles le dimos una segunda oportunidad al rescatarlo con dinero público". Sólo pide una cosa, que no les desahucien y que les permitan seguir viviendo en la casa en la que llevan viviendo más de 40 años, a cambio del pago de un alquiler social.