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Educación dará becas con solo un aprobado

Celaá rebaja de 6,5 a 5 la nota exigida para conseguir las ayudas en la universidad «para garantizar que ningún estudiante abandone» y eliminará la parte variable de la ayuda. Anuncia que la ley de Educación será la primera que tramitará el Gobierno

Bastará con tener un aprobado para conseguir una beca. La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá prevé rebajar la exigencia en las calificaciones para conceder ayudas a los estudiantes de tal manera que reducirá de 6,5 o 6 (en el caso de algunos estudios técnicos) a un 5 la nota exigida para para conseguir estas ayudas. La rebaja se hará de manera progresiva. También bajará de manera gradual la cuantía variable que recibían los becarios, el «extra» que dependía de la renta económica y las calificaciones obtenidas, para incrementar la cuantía fija que, actualmente, oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros.

En la etapa no universitaria, ocurrirá lo mismo. Se podrá recibir la ayuda con un simple aprobado, en lugar de un 5,5, como se requiere ahora, según ha anunciado Celaá durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha expuesto las grandes líneas de actuación que su departamento esta legislatura.

El anuncio de Celaá da al traste con la política de becas que implantó el ex ministro José Ignacio Wert y que se ha venido manteniendo hasta ahora. El ex titular de Educación argumentaba entonces que el estudiante que no llegaba al 6,5 no estaba bien encaminado y debería estudiar otra cosa. También defendía que las becas debían vincularse al esfuerzo.

La nueva titular de Educación cree, sin embargo, que rebajar la nota para conseguir una ayuda «es una forma de garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos y asegura la cohesión social y la igualdad de oportunidades». Es más, considera que «es un instrumento esencial para lograr la equidad en la educación».

La revisión del sistema que pretende abordar también pasa por mejorar la cuantía de las ayudas de menor importe, para que se beneficien 241.000 alumnos más, y el incremento de recursos destinados a este fin. Abrirá vías para que un estudiante que trabaja y tiene ingresos económicos pueda compatibilizarlo con la percepción de una beca.

Será el Observatorio de Becas el que se encargará de analizar la eficacia, pero, sobre todo, la equidad «que tiene en el sistema de becas su mascarón de proa», ha dicho la ministra.

La primera ley

Celaá anunció en el Congreso que el primer proyecto de ley que va a tramitar el Gobierno de Pedro Sánchez va a ser la ley de Educación, o Lomloe, como también se denomina. «Está listo», dijo. Esto supondrá la derogación de la Lomce «y sus negativas consecuencias», la ley de educación del PP que ha logrado sobrevivir siete años.

La reforma «asienta la educación pública como eje vertebrador» pero deja relegado a un segundo plano a la concertada y sólo cuenta con aquella que «comparte el compromiso con la función social de la educación». De ahí que la escuela concertada, en la que estudian uno de cuatro niños en España, se haya puesto en guardia.

La ministra ha defendido su ley educativa como una norma que «personalizará caminos» a los estudiantes, tendrá un enfoque de «igualdad de género» e incluirá la orientación educativa y profesional en la Educación Secundaria.

Una norma para la FP

La gran apuesta esta legislatura de la titular de Educación será la Formación Profesional, que quedará regulada a través de una ley. El reto de la ministra ahora es «modernizarla», actualizar la estructura del sistema y adaptar las titulaciones a las nuevas exigencias del mercado laboral». Además, Educación apostará por las titulaciones y contenidos asociados a las tecnologías de nueva generación con un ambicioso programa para adaptarnos a la digitalización que «está transformando nuestra forma de trabajar, de pensar, de aprender y de relacionarnos».

Más educación 0-3

Celaá también quiere que mejore la oferta de plazas en el ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, en el que sólo están escolarizados el 39,6% de los niños. Así ha anunciado que, en el plazo de un año desde que entre en vigor la ley, elaborará un plan de ocho años de duración para que haya «una oferta suficiente». En él tendrán prioridad los alumnos en situación de riesgo y pobreza. Ayer, las Comunidades autónomas ya se planteaban si iban a ser ellas las que tendrán que asumir su coste del plan o si el Estado iba a aportar los fondos.

Descentralización

La ministra quiso marcar distancias con los que opinan que la Educación debe ser una competencia que debe volver a manos del Estado. «Valoro la apuesta decidida por la descentralización, que ha hecho progresar a la educación», dijo. También hizo un llamamiento a superar la «lucha partidista» aunque admitió que «vivimos tiempos recios».