La patronal calcula que más de 30.000 ancianos han muerto en las residencias

«Resulta increíble, pero tres meses después de que se decretara el estado de alarma, seguimos sin conocer los datos de fallecidos en las residencias de mayores», se lamenta Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), una de las patronales más sólidas del sector, con una oferta de 2.400 centros y casi 155.000 plazas ofertadas en toda España. A falta de cifras oficiales facilitadas por el Ministerio de Sanidad, la FED ha elaborado sus propios cálculos, y éstos arrojan unos números escalofriantes: más de 30.000 ancianos han fallecido en residencias de la tercera edad desde el estallido de la pandemia, asegura Fernández-Cid, una cifra muy superior a los 19.500 muertos que estiman las comunidades autónomas.

«Y mucho nos tememos que la cifra de 30.000 fallecidos pueda ser sensiblemente superior», puntualiza Fernández-Cid. Los datos que maneja la FED se basan en el conocido como MoMo o sistema de monitorización de la mortalidad diaria, que depende del Instituto de Salud Carlos III, el organismo de referencia nacional e internacional en investigación biomédica y salud pública en España. El MoMo obtiene sus cifras del Registro General de Registros Civiles y Notariados del Ministerio de Justicia. El sistema incluye las defunciones por todas las causas procedentes de 3.929 registros civiles informatizados, que representan el 92% de la población española.

Incremento de la mortalidad

La FED recuerda que, según el último informe del MoMo, fechado el pasado martes, entre el 1 de marzo y el 24 de mayo pasados se han producido en España 43.000 muertes más de las esperadas, en comparación con esas mismas fechas del año anterior, si no hubiera habido pandemia de coronavirus. En ese periodo de tiempo (marzo-mayo de 2019) fallecieron en España 72.000 personas, lo cual significa que el número total de fallecidos entre marzo y mayo de este año se eleva a 115.000 personas. La FED se basa en los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que eleva los fallecidos hasta la fecha en España por coronavirus hasta los 27.136, y en las cifras suministradas por las comunidades autónomas, según las cuales 19.500 ancianos han fallecido en residencias.

«Con esas cifras en la mano, significa que casi el 72% de los fallecidos en España por coronavirus han sido ancianos residentes en centros de mayores», señala Fernández-Cid. «Y si aplicamos ese mismo porcentaje a las 43.000 muertes de más registradas entre marzo y mayo de este año, según el MoMo, el resultado es que la cifra de decesos en residencias roza, como mínimo, los 31.000 fallecidos. ¿A qué se debe ese incremento si nos encontramos en un proceso de pandemia, con la población confinada en sus domicilios y, por tanto, no expuesta, por ejemplo, a sufrir accidentes de tráfico o contagios masivos e indiscriminados? La respuesta parece clara: al coronavirus».

El perfil del anciano que ingresa en una residencia es el de una persona muy dependiente, de más de 85 años de edad, que padece en el momento de su ingreso más de tres enfermedades activas y consume más de siete medicamentos diarios. El 44% de ellos ingresan con serios riesgos de sufrir úlcera por presión; el 77% padecen algún tipo de incontinencia; el 17% sufren de insuficiencia respiratoria, y el 65% tienen algún tipo de demencia, según datos facilitados por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), la otra gran patronal del sector.

Su presidenta, Cinta Pascual, intervino la semana pasada en el Congreso de los Diputados en la subcomisión de Sanidad desgajada de la Comisión de Reconstrucción recién constituida en la Cámara Baja para afrontar las consecuencias de la pandemia. Pascual, sin embargo, se aferró a la cifra «oficial» de fallecidos en residencias de ancianos: cerca de 20.000 muertos. Desde CEAPS señalaron ayer a LA RAZÓN que «preferimos no hacer especulaciones con los números».

La Fiscalía General del Estado mantiene en este momento abiertas 194 diligencias civiles y otras 200 investigaciones relacionadas con la gestión de la crisis del coronavirus en residencias de ancianos. Madrid es la comunidad autónoma que acumula más procedimientos (más de un centenar hasta el pasado miércoles), a los que hay que sumar la querella presentada por un grupo de familiares en un juzgado de la capital y que ha sido elevada al Tribunal Supremo al estar denunciada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, que es aforada.

Además, un numeroso grupo de abogados de toda España, en nombre y representación de 3.000 familiares fallecidos por coronavirus, han presentado una querella contra el Gobierno ante el Supremo por un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.