Educación concertada

El pacto constitucional tuvo en 1978 dos momentos críticos en los que estuvo a punto de naufragar, por el desacuerdo entre el centro derecha –UCD y AP– y el PSOE: la inclusión del término «nacionalidades» y la educación.

Por este motivo, el socialista Peces-Barba se retiró de la ponencia constitucional, y volvió gracias a que Abril Martorell –por entonces vicepresidente y persona de confianza de Suárez– y Alfonso Guerra –por el PSOE– pudieron arreglar el desencuentro.

Ese pacto se concretó en el actual artículo 27CE, que reconoce y garantiza –entre otros– la libertad de enseñanza, la capacidad de las personas físicas y jurídicas de crear centros de enseñanza, y el derecho de los padres a elegir para sus hijos la educación acorde con sus convicciones morales y religiosas.

Pretender ahora discriminar a la educación concertada respecto de la pública, dejándola fuera de la necesaria ayuda para superar la crisis, además de ilegal es un acto de sectar ismo solo entendible desde una óptica propia de quien se atrevió a decir que «los hijos no pertenecen a los padres». Cierto es que no les pertenecen como una propiedad, pero sobre su educación y sus vidas tienen más derecho, responsabilidad y dedicación que la Sra. Celaá.

Igual que el PSOE rompió el acuerdo por esta cuestión en 1978, PP y C’s no pueden pactar ni la reconstrucción, ni los prepuestos ni nada, mientras el Gobierno vulnera derechos fundamentales, como es la educación.