¿Es necesaria una ley Covid?

Ante el aumento de contagios, juristas y expertos en salud pública, urgen medidas homogéneas en todo el estado y recuerdan que la Ley de Salud Pública de 2011 aún no se se ha desarrollado

Gobierno y autonomías acuerdan por unanimidad cerrar el ocio nocturno
El ministro de Sanidad, Salvador Illa FOTO: Chema Moya EFE

Desde que se puso fin al Estado de Alarma, las competencias en materia sanitaria volvieron a ser transferidas a las comunidades autónomas. Así, la gestión de la nueva normalidad recayó en los gobiernos autonómicos, que han ido parcheando el incremento de los contagios con las herramientas jurídicas que tienen al alcance: pcr masivas, confinamientos selectivos, cierres de locales, etc.

Las dos grandes normas de salud pública en España (la ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y la Ley General de Salud Pública de 2011) permiten que se tomen medidas de control de personas enfermas o sus contactos en pro de la salud pública, pero son muy inconcretas, por lo que en ocasiones ha sido necesario la intercesión de un juez. Basta recordar lo ocurrido en Lérida a principios de julio, cuando la Generalitat ordenó el confinamiento de la población ante el incremento de contagios en el Segrià: una jueza paralizó el auto al entender que es «una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso», Dos días después, la Justicia dio la razón al Govern y avaló el cierre del Segrià.

Por aquel entonces, los contagios en España estaban localizados en zonas muy concretas, pero ahora la situación es de trasmisión comunitaria controlada en gran parte del país. Por eso, con casi 3.000 contagios cada jornada, muchos juristas y expertos en salud pública urgen a aprobar una estrategia conjunta. Esta, de hecho, ha sido la petición más frecuente de presidente de Aragón, Javier Lambán. El lunes volvió a reiterar la necesidad de implementar «herramientas jurídicas homogéneas» para arbitrar una respuesta común en todas las comunidades.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio ayer, al fin, el primer paso ante la gravedad de la situación y reunió a los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para acordar por primera vez actuaciones coordinadas en materia de salud pública. Se extendió la prohibición de fumar en la calle que ya habían adoptado Galicia y Canarias y se decretó el cierre del ocio nocturno, así como el toque de queda a bares y restaurantes hasta las doce. Pero, sin que hubese terminado siquiera la comparecencia de Illa, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el recurso interpuesto por los hosteleros del País Vasco, que piden la suspensión cautelar de las restricciones horarias.

Para establecer una estrategia conjunta ¿haría falta entonces una ley Covid? En opinión del magistrado Jesús Villegas, no. «Basta con aplicar el ordenamiento jurídico vigente. Si proliferan las disposiciones autonómicas, con el riesgo de descoordinación y el caos que implica, se puede aplicar el artículo 150.3, que permite al Estado dictar leyes que establezcan los princpios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas».

Para Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, para establecer una estrategia conjunta entre Gobierno y comunidades habría que tener en cuenta un par de aspectos: «En primer lugar modernizar la Ley de Calidad y Cohesión del SNS y el papel del Consejo Interterritorial». Dicha norma establece que el pleno se reunirá a inicitiva del presidente del Gobierno o cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros y que deberá hacerlo, al menos, cuatro veces al año. «Claramente en estos momentos, cuatro veces son muy pocas y tampoco es bueno que tenga que haber un número de consejeros que lo propongan».

March recuerda que según el artículo 73 de la Ley de Cohesión los acuerdos que se tomen en el Consejo Interterritorial se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso. En segundo lugar, el experto opina que habría que modernizar la Ley de Salud Pública de 2011 y que no se ha desarrollado. «En dicha ley se hablaba de crear un Centro Estatal de Salud pública y yo creo que sería mejor una Agencia estatal, que es un tipo de organización más ágil y que ayudaría a un mejor trabajo en red. Pero no hay ni una cosa ni la otra».