Castilla-La Mancha supera a Madrid en tasa de mortalidad

Siete meses después del estallido de la crisis del coronavirus, el Ministerio de Sanidad ha aceptado, por fin, recoger el guante lanzado por 20 expertos españoles en la revista «The Lancet». Finalmente, habrá un comité que evalúe le gestión de este grave problema de salud pública, el mayor en los últimos cien años, pero el diseño de los parámetros que tendrán que guiar su trabajo corre serio riesgo de caer en la imparcialidad.

En un borrador de acuerdo enviado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), el máximo órgano de coordinación sanitaria en el conjunto del Estado, el departamento que dirige Salvador Illa acepta crear una comisión «para definir el marco para la realización de una evaluación independiente del desempeño del SNS frente a la pandemia Covid-19». Aparentemente, la asepsia para la definición de los criterios es total. Sin embargo, la composición de los miembros que han de fijar dicho marco induce a pensar a los expertos que no será así.

En el borrador del documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ministerio aboga por la creación de dicho grupo y propone que esté presidido por la secretaria de Estado de Sanidad y número dos de Illa, Silva Calzón. El grupo estará formado además por «un representante de cada una de las comunidades autónomas designado por la persona titular de la Consejería con competencias en materia sanitaria». ¿Qué significa esta composición? Equivale a decir que serán los servicios de salud autonómicos los que decidan los miembros que adoptarán las reglas de juego por las que será evaluada la gestión pública de la pandemia. Como la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PSOE o por los partidos que apoyan al Gobierno esta legislatura, serán estas formaciones políticas las que cuenten, en la práctica, con mayoría en el nuevo órgano.

Actualmente, están regidas por los socialistas Aragón (Javier Lambán), Asturias (Adrián Barbón), Canarias (Ángel Víctor Torres), Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), Comunidad Valenciana (Ximo Puig), Islas Baleares (Francina Armengol), La Rioja (Concha Andreu), y Navarra (María Chivite). A estos ocho territorios hay que sumar Cataluña (Junts per Catalunya) y País Vasco (Íñigo Urkullu). Frente a ellos, sólo hay cinco autonomías regidas por el PP –Andalucía (Juan Manuel Moreno), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco), Galicia (Alberto Núñez Feijóo), Madrid (Isabel Díaz Ayuso), Murcia (Fernando López Miras)–, así como la ciudad autónoma de Ceuta (Juan Jesús Vivas).

A estos feudos hay que sumar Cantabria, gobernada por el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla, y la ciudad autónoma de Melilla, en la que gobierna Eduardo de Castro, de Ciudadanos. Así pues, será una mayoría afín al Ejecutivo la que defina las reglas por las que éste y las propias autonomías serán evaluadas. De acuerdo con el borrador, «este grupo elevará al Pleno del Consejo Interterritorial una propuesta de marco evaluador del SNS que defina las líneas de evaluación, el alcance, los objetivos, los parámetros y cuantos elementos resulten necesarios para llevar a cabo una evaluación independiente, lo más completa posible del conjunto del sistema».

Sanidad subraya en la propuesta de acuerdo que «en las sesiones a celebrar, los representantes del grupo de trabajo podrán ser asesorados y estar acompañados por técnicos y expertos de sus respectivas administraciones». «El grupo de trabajo elevará sus conclusiones al pleno del Consejo Interterritorial en un plazo no superior a un mes desde la aprobación del presente acuerdo».

Esto equivale a decir que sus trabajos tendrán que concluir, como muy tarde, el 7 de noviembre, y que no será hasta esa fecha cuando se cree el comité que reclamaban los expertos para evaluar lo que se ha hecho mal en esta crisis y que ha llevado a España a liderar las cifras mundiales de mortalidad con los datos del INE o del Instituto de Salud Carlos III, a estar ya en el sexto puesto mundial en contagios, por delante de países mucho más grandes, o a liderar también la estadística de todo el planeta en el número de profesionales sanitarios aquejados de Covid-19.

Según reza el preámbulo del borrador que ha elaborado Sanidad, «evaluar tanto las actuaciones realizadas por parte de las autoridades sanitarias durante este periodo como las fortalezas y debilidades que poseía el SNS al inicio de la situación de pandemia internacional permitirán que de manera conjunta se adopten las decisiones que correspondan en orden a reforzar la vigilancia epidemiológica, los servicios de slaud pública y el conjunto del sistema asistencial para transitar hacia un SNS más robusto, flexible y resiliente que permita afrontar con las máximas garantías los desafíos que se le planteen y, en particular, futuras crisis sanitarias». El Ministerio añade que «nuestro modelo de gobernanza sanitaria requiere el concurso del conjunto de los actores presentes en el SNS, no sólo para el desarrollo de la evaluación, sino también con carácter previo, para el establecimiento del marco general de la misma, en el que deberán perfilarse cuestiones como el objeto y los criterios de la evaluación, la metodología, su extensión temrporal, la forma de provisión de resultados y otros factores que habrá de contener el proceso evaluador». Con ello pretende dar respuesta a los expertos que demandaron una evaluación urgente e independiente de la gestion de la pandemia hasta ahora.