«La eutanasia no es signo de progreso, sino un retroceso de la civilización»

El Comité de Bioética rechaza que se convierta en un derecho y en una prestación pública

El Comité de Bioética de España considera que existen razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio asistido en un derecho subjetivo y en una prestación pública. Así lo expone este órgano en un informe aprobado por unanimidad, al hilo de la regulación de la eutanasia que está tramitando en el Congreso de los Diputados el PSOE con apoyo de sus socios de Gobierno.

En el ejercicio de la función determinada por la ley de emitir recomendaciones sobre asuntos con implicaciones bioéticas relevantes, este órgano asegura que «el deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos caos de gran sufrimiento físico y/o psíquico debe ser siempre mirado con compasión, y atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz. Sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente una solicitud que, ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni, además, queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo».

A juicio del Comité, «legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra». En este sentido, añade que «la eutanasia y/o auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legislación de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas».

También remarca que «la mirada compasiva con la que hemos insistido a lo largo del informe que debe ser apreciada la solicitud del sujeto que pide la eutanasia y/o auxilio al suicidio, creemos que ya está recogida normativamente en nuestro Código Penal, y ello explica que en España el ingreso en prisión por actos eutanásicos sea algo no sólo insólito, sino desconocido en las últimas décadas».

Los autores del informe afean que se legisle sobre este asunto tras morir miles de mayores durante la pandemia de Covid-19Los autores del informe afean que se legisle sobre este asunto tras morir miles de mayores durante la pandemia de Covid-19

En el documento, los responsables de este órgano proponen la protocolización «en el contexto de la buena praxis médica», del recurso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario. «Ello, junto a la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad, debieran constituir, ética y socialmente, el camino a emprender de manera inmediata, y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública».

Los miembros remarcan que esta propuesta «cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no sólo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna. Responder con la eutanasia a la deuda que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional». En este sentido, recuerda en su página 4 que la Covid-19 «ha dejado todo en silencio, ha arrasado, sobre todo, con aquellas vidas más vulnerables. Y si algo nos ha traído esta pandemia no es tanto la proclamación reiterada de la autonomía individual, sino, antes al contrario, la necesidad y la urgencia de implementar una verdadera sociedad del cuidado que se haga cargo de la vulnerabilidad humana».

Todos los pareceres

En el comité, figuran especialistas de máxima relevancia en el campo de la bioética como Federico de Montalvo, que lo preside; Rogelio Altisent, Vicente Bellver, Fidel Cadena, Manuel de los Reyes, Álvaro de la Gándara, Encarnación Guillén, José Miguel Serrano, Emilia Sánchez Chamorro, Natalia López Moratalla,Nicolás Jouve y Leonor Sicilia.

El Comité de Bioética de España fue creado por ley en 2007 como órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, que desarrollará sus funciones con total transparencia. Su misión es emitir informes y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud. Según resaltan sus miembros, el informe aprobado no ofrece la opinión de una mayoría y deja espacio de discrepancia particular a la minoría, sino que integra todos los pareceres del Comité.