Prohibida la caza en los parques nacionales españoles desde final de año

A final de año estará completamente prohibido cazar en los Parques Nacionales lo que podría acarrear un desorden ecológico en estas zonas y que enfermedades como la sarna se extiendan por la superpoblación de muchos animales

La prohibición de cazar y pescar en los Parques Nacionales, recogida en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales, que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre al finalizar la moratoria establecida, tendrá graves consecuencias socio económicas para los municipios del entorno de estos espacios y podría costar en torno a 320 millones de euros en indemnizaciones a todos los españoles.

La ley establece que la privación de los derechos de caza pasa necesaria y previamente por el intento de celebración de acuerdos voluntarios con los afectados (previa aprobación de los correspondientes criterios técnicos) o, en su defecto, mediante los correspondientes procedimientos de expropiación forzosa. Para ello, la ley establece un plazo de 6 años, plazo que concluirá el próximo 5 de diciembre.

Hasta la fecha no consta que se haya llevado a cabo ninguna actuación en este sentido y, como consecuencia, las administraciones competentes tendrán que indemnizar a los propietarios por las limitaciones de uso. Diferentes fuentes cifran en unos 320 millones de euros el valor de estas indemnizaciones, cantidad a la que se sumaría el coste del necesario control de poblaciones.

Y es que las administraciones competentes tendrán que hacer frente a los gastos derivados de los controles poblaciones de diversas especies que habrá que realizar, ya que de no hacerlo se podría producir un verdadero desastre medioambiental, que incidirá directamente en la flora protegida y en la expansión de enfermedades como consecuencia del exceso de poblaciones.

Hasta ahora, estos controles se realizan por cazadores, sin que la administración tenga que invertir en ello. Todo lo contrario, a día de hoy son los cazadores los que realizan importantes inversiones económicas para el control de especies, generando ingresos para la administración a través de licencias y otros trámites, así como riqueza económica para las poblaciones del entorno. Con la entrada en vigor de la prohibición, la administración tendrá, previo pago, que contratar cuadrillas de controladores poblaciones.

Para la Fundación Artemisan es un sinsentido que el país tenga que afrontar este importante coste económico en indemnizaciones, especialmente en la situación de crisis debido al Coronavirus que atravesamos y, por ello, ha iniciado una ronda de reuniones con diferentes representantes políticos y de las administraciones.

Con estos encuentros, la Fundación pretende hacer visible la complicada situación que se va a generar el próximo día 5 de diciembre, al tiempo que propone diferentes soluciones para evitarla, como una modificación de la LPN que autorice una nueva moratoria de caza y pesca, o una modificación que permita la caza y la pesca en aquellos Parques Nacionales donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional generadora de empleo y riqueza y no sea incompatible con la propia figura del Parque.

Según señala la Fundación Artemisan, esta medida no solo afectará a los propietarios de las fincas, que tendrán que ser recompensados con importantes indemnizaciones que saldrán del bolsillo de todos los españoles en un momento tan complicado como el que afronta el país, sino que también agravará la ya complicada situación de la economía de la zona.

La prohibición proyectada supondrá un aumento del desempleo y, por supuesto, un mayor abandono del medio rural, precisamente en un momento en el que el país necesita que todos sus recursos sean debidamente aprovechados y cuando la despoblación se ha posicionado como un problema de gran relevancia en la agenda política y social.

Y es que muchos de los habitantes de los pueblos situados en el interior del Parque o en zonas limítrofes viven de la caza y, sobre todo, de las monterías que se organizan en las fincas situadas en el interior del Parque. A ello se suman dueños de hoteles, restaurantes, gasolineras, rehalas y muchos colectivos y negocios más que también resultarán afectados.

En este sentido, la Fundación Artemisan y la Federación Extremeña de Caza han coordinado la elaboración de un informe con las universidades de Extremadura y Castilla-La Mancha, que revela que en la última década los municipios del entorno de los Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros han perdido población, renta y empleo.

En concreto, los 14 municipios del entorno de Monfragüe (declarado Parque Nacional en 2007) han perdido un 2 % de su población en los últimos 10 años, a lo que se suma el descenso de la renta familiar disponible en todos los pueblos de la zona y un aumento del 82 % del número de parados. En todos los casos, la evolución de estas estadísticas es peor a la registrada en el conjunto de la provincia.

Si hablamos de Cabañeros, su zona de influencia está formada por 6 municipios que, desde la declaración de Parque Nacional en 1995, han perdido casi un 19 % de la población, mientras que el paro ha aumentado más de un 40 % en la última década.

Por todo ello, del informe se desprende que es imprescindible abrir un debate sobre el desarrollo de actividades tradicionales en los Parques Nacionales y señala que no parece razonable renunciar al aprovechamiento de los recursos endógenos, siempre y cuando se haga bajo los principios de una adecuada gestión.