Sanidad paga 5,2 euros por almacenar botes de gel hidroalcohólico que costaron 3,9

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado a una empresa domiciliada en Rubí, Barcelona, la provincia natal de Salvador Illa, el almacenamiento de 55.080 botes de 500 ml. de gel hidroalcohólico pertenecientes a una partida de 260.000 que el pasado 26 de marzo adquirió a la compañía china Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd.

En total, el Estado pagará 291.108,3 euros por ese servicio de almacenaje, con lo que el coste de la custodia de cada uno de esos botes para las arcas públicas ascenderá a 5,28 euros, según se desprende del anuncio de la formalización del contrato que publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado jueves, 22 de octubre, día en el que se celebraba en el Congreso de los Diputados el debate de la moción de censura presentada por Vox. Se trata de 1,3 euros más de lo que pagó Sanidad por la compra de cada uno de ellos en el momento más álgido de la pandemia: 3,98 euros. Según la memoria justificativa de aquella adquisición, el proveedor asiático percibió 779.301,75 euros por la partida de 260.000 botes. A esa cantidad el Ministerio de Sanidad tuvo que añadir 163.653,37 euros en concepto de un IVA del 21%, y 77. 930, 17 euros en concepto de «tasas, aranceles y otros 10%».

El montante total de la operación para las arcas públicas fue de 1.020.885,28 euros. A cambio, la empresa Shandong Liagnfu Pharmaceuticals se comprometía a suministrar 125.000 botellas de gel hidroalcohólico de 500 ml., otras 125.000 de 250 ml., y 10.000 más de un tamaño de 50 ml. En la memoria explicativa figura que estas últimas eran una «donación», y su coste ascendió, por tanto, a 0 euros.

55.080 de esos botes son precisamente los que el Ministerio de Sanidad ha encargado ahora custodiar, sin que haya trascendido si no habían sido todavía entregados a España por la firma china, siete meses después de sellarse el contrato de su compra, o si han permanecido durante este tiempo en nuestro país en algún lugar ignorado. En cualquier caso, dichos botes de gel hidroalcohólico no se han usado, pese a que en la justificación de la necesidad del contrato el Ingesa exponía en marzo que «en la situación actual de emergencia para hacer frente a la expansión de la Covid-19 resulta de aplicación la tramitación de emergencia por parte de los órganos de la Administración General del Estado». Y añadía que «por tanto, tener a disposición del Sistema Nacional de Salud de este producto debe considerarse como una prioridad en estos momentos, ya que permitiría evitar posibles contagios». En este sentido, subrayaba que «a fin de garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente se hace necesario la formalización inmediata de compromisos con las empresas comercializadoras».

«Se entiende que la empresa indicada responderá a la situación de emergencia de salud pública de forma adecuada y con la premura que dicha situación requiere y, por ello, ha sido seleccionada».

Por otro lado, el anuncio de formalización que publica el BOE no ofrece apenas detalles, pero sí revela que con este contrato ha sucedido lo mismo que con otros muchos firmados en la pandemia, especialmente durante el estado de alarma vigente desde marzo.

El órgano elegido por el departamento que dirige Salvador Illa para realizar la operación ha sido, una vez más, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un ente que ha estado envuelto en la polémica desde el estallido de la crisis de la Covid-19 por numerosas irregularidades en su política de compra de todo tipo de equipos y materiales para hacer frente a la pandemia, como los propios geles, guantes de nitrilo y hasta dispositivos de ventilación mecánica. Este órgano administrativo está dirigido por Alfonso Jiménez Palacios, un militante del PSOE muy conocido en el sector sanitario por haber ocupado diferentes puestos de alto cargo en el Ministerio de Sanidad con todos los ministros del ramo durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, ahora, en el de Pedro Sánchez.

El Ingesa es responsable, además, de la gestión de la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla, dos de los territorios que peores registros presentan en España en esta segunda oleada de la Covid-19. Como ha sucedido en numerosos contratos anteriores suscritos con diferentes proveedores por el Ingesa, el procedimiento de adjudicación seleccionado ha sido «negociado sin publicidad acelerado», bajo la justificación de la «situación de extrema urgencia» por la Covid-19. La empresa «ganadora» para prestar el servicio de almacenamiento fue, como ha sucedido repetidas veces en la crisis, la única que participó en este procedimiento. Se trata de DSV AIR & SEA SAUC, y su dirección se encuentra en el «Polígono Industrial Moli de la Bastida, sector W. Pagesía s/n», de Rubí.