En la guerra contra la violencia, todos batallamos

Hoy es una jornada marcada en morado en el calendario. Como cada 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Pero más allá de sumarnos a las denuncias de estos hechos, conviene reforzar la protección de las mujeres con leyes y medidas legislativas más ambiciosas e integrales.

Pues bien, justo hoy el Consejo Económico y Social de España (CES) ha aprobado un dictamen sobre el anteproyecto de ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual en el que comparte el propósito de prevenir y erradicar todo tipo de violencia, incluyendo la sexual.

Valga destacar que la violencia sexual constituye una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad. De ahí, la necesidad de incidir más en la adopción de planes preventivos de investigación y de estudio sobre las causas estructurales que la motiva, los efectos que ocasiona y los entornos y ámbitos en los que se produce con mayor asiduidad. Máxime teniendo en cuenta que estos delitos afectan específica y desproporcionadamente a las mujeres, las niñas y los niños, y que muchos de ellos también constituirían una violación de las libertades públicas.

Erradicar la violencia sexual resulta ineludible para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello, el CES reclama el papel que corresponde a los interlocutores sociales, sobre todo en torno a la prevención y lucha contra la violencia en el trabajo.

En realidad, este órgano consultivo del Gobierno ha propuesto renombrar el Anteproyecto, dadas las incongruencias entre los objetivos declarados de la ley, el contenido de algunos artículos y el propio título, que convendría ajustar al establecimiento de un marco integral de protección de la violencia sexual contra las mujeres.

De forma paralela, el CES aboga por depurar la técnica jurídica del Anteproyecto en el caso de las reformas que se proponen al Código Penal para reforzar la lucha contra la violencia.

De cara al futuro, se prevé crear el distintivo “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, cuya concesión debería estar condicionada por el rigor exigible en estos casos para evitar erosionar la credibilidad y los objetivos de la propia norma. En este sentido, el CES propone impulsar la implantación de mecanismos de prevención, control y seguimiento de actos hostiles o humillantes que, en el ámbito laboral o funcionarial, pudieran resultar constitutivos de acoso contra las personas trabajadoras.

Por último, el CES defiende una homogeneización de las víctimas de violencia sexual con las de violencia de género y terrorismo en lo que respecta a sus derechos de movilidad geográfica, al mismo tiempo que ve necesario asegurar una protección adecuada a todas ellas. Ello requiere de los instrumentos económicos necesarios, por lo que debería aclararse la naturaleza de esta nueva compensación económica y sus fuentes de financiación, sin perjuicio de la responsabilidad de los poderes públicos de establecer los instrumentos adecuados para la protección económica de las víctimas de violencias sexuales y de género.

Porque, al fin y al cabo, en la guerra contra la violencia todos batallamos.