Cristina tiene “okupada” su farmacia desde hace medio año

El barrio madrileño de Prosperidad tiene una farmacia menos a la que recurrir en plena tercera ola de la Covid-19. Esta es la principal denuncia de Cristina Sanz, que adquirió el establecimiento en concurso de acreedores a finales de diciembre de 2019 y aún no ha podido entrar a su local. La anterior propietaria se ha atrincherado en el negocio, donde sigue despachando como si no pasara nada e ignorando todos los requerimientos judiciales. Solo a partir del mes de julio pasado, el Ministerio de Sanidad le bloqueó el acceso a la tarjeta electrónica, pero sigue vendiendo productos de parafarmacia y, según Cristina, también medicación de manera fraudulenta. “Ella sigue haciendo lo que le da la gana pese a que la Policía ya ha ido muchas veces y Sanidad le ha cerrado la farmacia y le ha precintado los cajones. Los ha cortado y ha seguido como si nada”, se lamenta la agraviada.

La pandemia del coronavirus retrasó todos los procesos administrativos y Cristina Sanz, de 49 años y madre de dos hijos, vio cómo el arranque de su nueva vida al frente de la botica se retrasó de marzo a junio, que es cuando recibió el visto bueno de las autoridades sanitarias para empezar su andadura. Su disgusto fue enorme cuando comprobó personalmente que la anterior dueña se negaba a darse por aludida con la excusa de que “nadie le había notificado nada”.

El pasado mes de octubre, una procuradora externa acudió a la farmacia con un notario para entregarle (de nuevo) la notificación del Juzgado Mercantil 9 e instarla a abandonar el local en un plazo máximo de cinco días. Otra vez hizo oídos sordos ante la desesperación de la nueva boticaria, que lo ha pasado terriblemente mal durante estos meses. Han sido muchas las lágrimas derramadas de pura impotencia, tenía todo previsto y pensaba acometer una reforma lo antes posible y contratar a dos personas. Hay que tener en cuenta que la inversión para hacerse con el traspaso fue grande y cada mes, sin faltar uno desde hace un año, Cristina hace frente a los cargos de la comunidad de propietarios y la hipoteca de un negocio que... le renta a otra persona. Sin embargo, asegura que el dinero ya le da igual, que lo único que quiere es que le den una fecha concreta para el desalojo forzoso. Este periódico se ha tratado de poner en contacto, sin éxito, con la antigua propietaria para conocer su versión de los hechos.

En este momento, el asunto está en manos del Comité de Desahucios. Se desconoce cuándo se ejecutará la orden, puede ser “mañana o dentro de tres meses”, y la nueva dueña no se explica “cómo es posible que no se le dé prioridad tratándose de un servicio sanitario público en una crisis como la que estamos viviendo”. Considera que la Justicia no se está afanando en que se cumpla la ley y cree que este Gobierno que “favorece los okupismos” actuaría de otra forma si ellos fueran los afectados.

Se da la circunstancia además de que, legalmente, esta farmacéutica no puede ejercer en ninguna botica que no sea la que ha adquirido y en la que aún no ha puesto un pie. La incertidumbre que vive es terrible y afecta como una onda expansiva a toda la familia; “mis propios padres que tienen 80 años no entienden nada”. Se siente desamparada totalmente, “es como luchar contra una pared, cada vez que van los policías y nada sucede siento como si ella hubiera ganado”.

Cristina aprovecha para romper una lanza en favor de los farmacéuticos, “que han sido cruciales durante la pandemia, aunque algunos no nos han considerado parte de los sanitarios”. Hasta el momento han fallecido en nuestro país 21 profesionales, entre farmacéuticos y técnicos: “Cuando hasta los centros de salud estaban cerrados a cal y canto, las farmacias tenían sus puertas abiertas para todo el mundo”.