Media España deriva pacientes a la privada tras estallar los casos

Nueve comunidades han empezado ya o van a hacerlo en breve a derivar de nuevo enfermos a la sanidad privada, ante el estallido de contagios, hospitalizaciones e ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI), como sucedió durante la primera ola que comenzó en marzo de 2020.

En concreto, están derivando ya a pacientes infectados por el Covid-19 los servicios autonómicos de salud de Madrid y Cataluña, mientras que Navarra lo ha solicitado y comenzará a hacerlo en pocos días. Por su parte, seis territorios están enviando a las clínicas y hospitales de titularidad privada a enfermos libres del virus pero aquejados de otras patologías, en un intento de despejar espacios ante la avalancha de contagiados que está llegando a los hospitales públicos.

Se trata de Murcia, Canarias, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, según los datos facilitados por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector.

La sanidad privada ya fue fundamental durante los primeros meses de esta grave crisis de salud pública para ofrecer tratamiento a la avalancha de contagiados que requerían entonces asistencia médica.

A pesar de que ahora vuelve a convertirse en un sostén de primer orden para el sistema público, el Ministerio de Sanidad sigue excluyendo la posibilidad de utilizar sus instalaciones y profesionales para acelerar la vacunación. Y la privada se ha topado además con otro problema inesperado.

Aunque el Ministerio de Illa apuntó que los sanitarios debían formar parte del principal grupo de riesgo, junto con los mayores institucionalizados, por su exposición al virus SARS-CoV-2, sin especificar dónde trabajan, varias comunidades han decidido no inmunizar de momento a sus trabajadores. Se trata de Galicia, Canarias, Castilla y León, La Rioja, Aragón y País Vasco.

El caso de esta última es peculiar, pues mientras aplaza la vacunación de los sanitarios de la privada, envía a sus clínicas enfermos de otras patologías para contar con más espacio en sus hospitales públicos. Carlos Rus, presidente de Aspe, considera «impresentable que se trate a nuestros profesionales como de segunda categoría y se ponga en riesgo sus vidas». Según expone, genera «sensación de impotencia ver cómo los sesgos ideológicos hacen que en vez de priorizar por la primera línea de actuación en lucha contra la Covid, internistas, anestesistas o urgencias, se priorice por pública y se deje de lado o postergada a la privada. Acabaremos viendo las consecuencias de esta forma de actuar y, sin duda, en los tribunales», remarca.

Mientras tanto, los contagios en nuestro país no dejan de crecer. Ayer se registró un nuevo récord, con 44.357 positivos más de coronavirus, que sitúan la cifra global de casos en España en 2.456.675. Además, la incidencia acumulada a 14 días sufrió un importante ascenso, y se colocó en 795 casos por 100.000 habitantes, triplicando la tasa de riesgo extremo, que es de 250. La incidencia en estas dos semanas fue más elevada en Extremadura (1467,53), Murcia (1.286,9), Castilla-La Mancha (1140,61) y Castilla y León (1142,34).

Además, en las últimas 24 horas hubo que lamentar 404 fallecidos a causa del virus, con lo que en esta semana 1.285 pacientes han perdido la vida por la epidemia.El número total de decesos en España es de 55.041, según los datos de Sanidad.

La presión hospitalaria sigue también al alza, con un 20,8% de las camas de agudos ocupadas por enfermos de covid –un punto más–, con 26.542 ingresados. De ellos, 3.734 están ingresados en las UCI, que registran una ocupación del 36,28% (frente al 35% del pasado miércoles).