Cinco comunidades siguen sin acreditar a las enfermeras para vacunar de la Covid-19

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado este lunes que las comunidades de Madrid, Asturias, Extremadura, Galicia y La Rioja aún no han acreditado a los profesionales de enfermería para que puedan realizar labores asistenciales con todas las garantías jurídicas tales como vacunar de la Covid-19 .

En un comunicado, Satse indica que después de que hayan pasado 850 días desde que entró en vigor el real decreto de prescripción enfermera, las consejerías de Sanidad de estas cinco comunidades, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no han cumplido con su obligación legal de acreditar a estos profesionales.

Para el sindicato es “absolutamente incomprensible” que las consejerías de Sanidad de Asturias, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid, además de Ceuta y Melilla, sigan sin realizar la tramitación administrativa pertinente para que el personal de enfermería cuente con el respaldo legal necesario para poder indicar y usar medicamentos con todas las garantías y seguridad jurídicas.

“Llevamos esperando desde hace casi dos años y cuatro meses que se haga realidad el compromiso expresado por sus responsables sanitarios de cumplir lo establecido en el Real Decreto de prescripción enfermera y que las enfermeras y enfermeros de sus respectivos servicios de salud puedan hacer su trabajo con la tranquilidad de que no van a poder ser denunciados por un presunto delito de intrusismo profesional”, apunta.

Por el contrario, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra y Murcia sí han reflejado en su regulación autonómica lo estipulado en el real decreto que regula desde 2018 en España la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y enfermeros.

Satse insiste en que la tramitación administrativa para acreditarles puede realizarse “en cuestión de días”, con lo que estima “especialmente criticable” que las consejerías que aún no lo han hecho “no hayan encontrado el momento de hacerlo a lo largo de los 850 días que ya han transcurrido desde que el Gobierno así lo estipuló.