Las regiones urgen medidas legales para frenar el caos

Ocho territorios están en riesgo extremo, y las UCI de ocho comunidades superan el 25%

Terrazas de Lavapies en Madrid.
Terrazas de Lavapies en Madrid.©Gonzalo Pérez MataLa Razón

Tras el fin de las restricciones impuestas para la Semana Santa, que vencieron el pasado 9 de abril, 14 autonomías mantienen todavía hoy los cierres perimetrales en su territorio.

Solamente la Comunidad de Madrid, Baleares y Canarias permiten en este momento la libre circulación de viajeros (aunque en el caso de los dos archipiélagos con la condición de presentar PCR negativa, aunque la movilidad sigue restringida en las islas de Tenerife y Gran Canaria).

No obstante, el fin del estado de alarma, que expira el próximo 9 de mayo, impedirá a los gobiernos autonómicos seguir con esta prohibición.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió ayer en que el Gobierno prevé poner fin a esta medida por la actual evolución de la pandemia, por el avance del proceso de vacunación y porque considera que esta situación excepcional «no puede ser permanente».

No obstante, diversos gobiernos autonómicos han manifestado su voluntad de continuar con las medidas restrictivas mientras se estabilizan los datos epidemiológicos.

Ayer mismo la Junta de Extremadura decidió prorrogar el cierre perimetral de la comunidad «por prudencia» hasta el final del estado de alarma. Ahora mismo hay ocho territorios que permanecen en riesgo extremo (por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes), como son: Melilla, País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid, Ceuta, Andalucía, Aragón y La Rioja). Además, hay ocho comunidades con las UCI en riesgo extremo.

No está siendo fácil la negociación del Ejecutivo con las comunidades autónomas sobre el proceso de desescalada.

El pasado martes, los expertos de Sanidad de las regiones se opusieron al documento propuesto por el Ministerio que prohibía actos multitudinarios, como corridas de toros o eventos deportivos, en el caso de que los territorios se encontraran en máxima alerta. Ni siquiera suavizando el documento inicial se logró el consenso con las autonomías.

Control de la transmisión

Ante la falta de acuerdos, las regiones están buscando cómo controlar los contagios cuando se acabe el estado de alarma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró ayer que es «prudente» que «temporalmente» se mantenga el toque de queda a las 23:00 horas en la región, ya que «sigue falleciendo y contagiándose gente». En el caso de esta medida, el Ejecutivo autonómico tendrá que pedir amparo a los tribunales «para ver qué se puede hacer», situación que no sucedería si el Gobierno central hubiese impulsado una reforma de la ley de salud pública para que las comunidades autónomas puedan adoptar restricciones, explicó Ayuso en una entrevista en la cadena Ser.

En este sentido, el vicelendakari y consejero de Seguridad del País Vasco, Josu Erkoreka, manifestó que alberga «la esperanza personal» de que una vez salvado «el obstáculo madrileño» del 4 de mayo (en referencia a las elecciones autonómicas en la Comunidad) se pueda tomar la decisión de prorrogar el estado de alarma.

El dirigente vasco añadió que «da la sensación de que el presidente Sánchez está esperando un clamor unánime de grupos parlamentarios y presidentes autonómicos para que prorrogue el estado de alarma».

Una incidencia acumulada menor a 150 casos por 100.000 habitantes para el 9 de mayo es el límite que se marca el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, para que puedan relajarse las medidas. «Si no es muy difícil que podamos abrir territorialmente una región», afirma.

Revilla insistió en que una cosa es que se levante el estado de alarma y otra que las autonomías con incidencia «muy alta puedan abrir» perimetralmente. No obstante, ser mostró optimista en que finalemnte se pueda llevar a cabo, ya que calcula que el pico de esta cuarta ola se alcanzará «en diez días» y que a partir de ahí empezará a «bajar» el número de contagios.

Por su parte, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, coincidieron en que comparten la misma estrategia de acometer una desescalada «lenta y prudente» para asegurar la salud, que está «por encima de todo» y garantizar de este modo la temporada turística de verano.

Al respecto, Armengol reclamó al Gobierno «una fórmula jurídica para garantizar que los presidentes autonómicos puedan autorizar el toque de queda» tras el fin del Estado de Alarma, mientras que su homólogo valenciano ha señalado que la Abogacía de la Generalitat «estudia toda la casuística para tomar decisiones» y confía en poder levantar después del 9 de mayo algunas de las restricciones en el cierre perimetral.