El Gobierno permitirá en mayo la vacunación en las empresas

La llegada de los nuevos sueros del laboratorio Janssen y el aumento de los envíos procedentes de otra multinacional, Pfizer, van a generalizar la vacunación masiva en España, cuatro meses después de que se iniciara en toda la Unión Europea (UE) esta histórica campaña contra la Covid-19, el pasado 27 de diciembre.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dará luz verde previsiblemente este mes de mayo a un plan para que las empresas de todo el país puedan participar también en la inmunización de sus trabajadores, así como en la realización de test de detección del virus SARS-CoV-2 o algunas de sus variantes, de manera similar a como ya está ocurriendo en este último sentido en territorios como la Comunidad Valenciana.

La entrada de las empresas en este complejo proceso contribuirá a descargar de presión asistencial a la sanidad pública, y multiplicará los puntos de vacunación y la administración de dosis a los ciudadanos. Además, ayudará a alcanzar en el plazo previsto por el Ejecutivo –finales de agosto de este año– la llamada inmunidad de rebaño y, con ella, la ansiada reactivación económica del país. Para alcanzarla, España necesita inyectar las dos dosis de los laboratorios Pfizer, Moderna o AstraZeneca, o la monodosis de Janssen, a 33 millones de ciudadanos, el 70% de su población. El pasado viernes no se habían superado aún los cuatro millones.

En la participación de las empresas en la vacunación estaría involucrados, según fuentes gubernamentales, la patronal CEOE, a través de su Fundación, y las mutuas de accidentes de trabajo, cuya patronal es AMAT. Las mutuas ya han puesto, de hecho, sus centros asistenciales a disposición de las consejerías de salud de las autonomías durante toda la pandemia y desde ellos se podrían acometer tanto las pruebas de detección de casos positivos como la inoculación de las dosis entre los trabajadores, de acuerdo con la estrategia marcada por las autoridades sanitarias.

En la primera ola, por ejemplo, estas entidades colaboradoras con la Seguridad Social prestaron asistencia médica a más de 16.000 personas a través de sus hospitales, y desplazando profesionales a centros de salud, residencias de mayores y discapacitados, hoteles medicalizados y hospitales de campaña como el que Madrid montó en el recinto ferial de Ifema o los que la Junta de Castilla y León activó en la Feria de Muestras de Valladolid o en Segovia. Actualmente, las mutuas disponen de 23 hospitales propios y más de 1.000 centros ambulatorios repartidos por toda España. También cuentan cada año con más de 14.800 sanitarios al servicio de los trabajadores y las empresas.

En el plan que tiene previsto activar el Gobierno, las mutuas aportarían la labor asistencial relacionada con la detección de casos y la vacunación, y la Fundación CEOE desplegaría una aplicación informática que ha desarrollado con la finalidad de gestionar citas de personas interesadas en someterse a una prueba de diagnóstico de la Covid-19. Fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad Social aseguran que este departamento lleva ya meses trabajando “para firmar convenios entre las CC AA y las mutuas (colaboradoras de la Seguridad Social) de forma que puedan poner a disposición del proceso de vacunación al personal de las mutuas y sus locales ante la llegada masiva de vacunas para acelerar el proceso”. Según estas fuentes, “las mutuas pondrían a disposición de las autonomías casi 7.000 empleados, de forma que pudieran colaborar a acelerar el proceso de vacunación”.

Fuentes del sector aseguran que dicha aplicación serviría también para la citación de cara a las vacunaciones, y se pondría a disposición de las autoridades competentes de forma gratuita. Aunque el plan al que dará luz verde es muy general y no entrará en un primer momento en más detalles, su aplicación implicaría una nueva modificación de la estrategia de vacunación del Gobierno, dirigida por el Ministerio de Sanidad, y que ya lleva seis actualizaciones en un periodo de cuatro meses. Fuentes relacionadas con este plan aseguran que la aplicación tal cual de la estrategia actual en la vacunación en las empresas podría implicar disfunciones y un serio problema para ellas, al estar diseñada en base a grupos de edad o colectivos concretos. Se necesitará, aseguran, introducir flexibilidad para impedir, por ejemplo, que todos los trabajadores de una misma compañía pertenecientes a una determinada franja se ausenten a la vez para recibir los sueros, lo que generaría un importante problema de producción. Fuentes oficiales del Ministerio descartan tal posibilidad. Según aseguran, la participación de las mutuas “no afectaría en ningún caso” a dicha estrategia, “cuya compra, distribución de vacunas y demás decisiones continuarían haciéndose por parte del Ministerio de Sanidad”.

Este es un hecho que ya ha suscitado incluso preocupación en algunas grandes empresas, que confían en que tanto Sanidad como las autonomías acuerden en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), el máximo órgano de coordinación sanitaria en el conjunto del Estado, un cambio de la estrategia para que la administración de las dosis no altere su funcionamiento. Y todo ello unido a la complejidad de tener que adoptar criterios como pudieran ser los de sectores de actividad, ocupaciones o el que correspondiera, para dar prioridad a los trabajadores de unas empresas u otras. En este sentido, el plan que prevé activar el Gobierno está llamado también a subsanar un hecho que ha suscitado críticas durante los últimos meses por su aparente injusticia.

En la primera ola, trabajadores que todavía no han recibido la vacuna fueron esenciales para el suministro de productos básicos entre la población como, por ejemplo, cajeros, dependientes de tiendas de alimentación, distribuidores y transportistas, entre otros muchos. La autorización a las empresas para que participen activamente en la campaña agilizaría su protección al estar expuestos al virus. Tampoco hay que olvidar, ante la llegada del verano, a los hosteleros y otros trabajadores vinculados con el turismo, un sector clave para la recuperación de la maltrecha economía española.