Pruebas rápidas
Sanidad admite que los test sobrecargan los centros de salud
Usa este argumento para permitir su venta en las farmacias sin receta médica
El Ministerio de Sanidad reconoce que la práctica de test de detección de la Covid-19 con carácter prácticamente monopolístico en los centros sanitarios ha redoblado la presión asistencial que reciben y la carga de trabajo de sus profesionales. Lo hace de forma tácita en el último borrador de proyecto de real decreto en el que, cinco meses después de que lo pidiera formalmente el Gobierno de la Comunidad de Madrid da su brazo a torcer y autoriza la venta de pruebas de autodiagnóstico por parte de las farmacias sin necesidad de recta médica.
El texto, sometido a audiencia pública por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, subraya en concreto que «actualmente existen en el mercado pruebas rápidas de antígeno de uso profesional que ya se están utilizando. No obstante, han empezado a comercializarse en Europa pruebas rápidas de antígeno de autodiagnóstico».
Según Sanidad, «la disponibilidad de estos productos permitirá a la población general la realización de las pruebas sin la intervención de un profesional, lo que por un lado reducirá en cierta medida la presión asistencial de los centros sanitarios y permitirá la identificación rápida de sospechas de casos positivos». El Ministerio reconoce en el siguiente párrafo que «existen igualmente en el mercado otro tipo de pruebas rápidas de autodiagnóstico, en este caso de anticuerpos, que aunque no sirven para la detección de infección activa, exceptuarlos de la prescripción contribuirá igualmente a reducir la presión asistencial del SNS».
La norma sometida a consultas por el departamento que dirige Carolina Darias reproduce gran parte de los argumentos que esgrimía el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para solicitar su autorización al Ministerio cuando lo dirigía Salvador Illa. El ya ex ministro denegó la autorización, permitiendo sólo el uso de estos test en cribados dentro de programas tutelados por las autoridades en Salud Pública. Cinco meses después, Sanidad admite que «entre las herramientas para el control de la progresión de la pandemia de la Covid-19, el uso de los diferentes métodos diagnósticos es considerado una de las piezas claves para la identificación rápida de casos positivos. A nivel internacional, el enfoque común de las estrategias de detección de la Covid-19 es ampliar lo máximo posible la capacidad diagnóstica para que éstas sean más eficientes. En este sentido, la utilización de pruebas rápidas de antígeno se ha considerado una herramienta de diagnóstico útil para conseguir este objetivo de ampliar la capacidad diagnóstica».
Más adelante, el borrador sometido a consulta subraya, una vez superada la tercera ola y con la cuarta en fase descendente, que «la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos de SARS-CoV-2, para tomar las medidas adecuadas y así controlar eficazmente la progresión de la pandemia y, al mismo tiempo, atender a los afectados por la pandemia y ayudar a su recuperación». Se trata de argumentos parecidos a los que empleó el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para demandar su aprobación, sin conseguirlo.
Sanidad considera ahora adoptar medidas extraordinarias para facilitar el acceso a la realización de pruebas de autodiagnóstico, y reconoce que la exigencia de prescripción para la venta la público de estos productos «constituiría una importante barrera para su uso». Por ello, propone exceptuarlos de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacias, y permitir su publicidad dirigida al público.
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