La solución del Gobierno al problema de los residuos: imponer dos nuevos impuestos

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que será debatido en el Congreso de los Diputados. La principal medida para acabar con ellos es crear dos impuestos: uno indirecto de 0,45 euros por kilo sobre los envases de plástico de un solo uso para disminuir su reutilización y otro de depósito en vertedero.

La primera tasa «verde» afecta a los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción como vasos para bebidas, incluidos sus tapones, y los recipientes alimentarios para consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030. Desde el 1 de enero de 2023 quedará prohibida la distribución gratuita y se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entreguen al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.

El segundo impuesto cae sobre el depósito en vertedero y la incineración. «No es razonable que más del 50% de nuestros residuos sigan yendo hoy a vertederos», apuntó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que señaló que España debe dotarse de un marco común que evite el denominado «turismo de residuos entre regiones».

La ley incluye normas del día a día como que bares y restaurantes estarán obligados a dar agua de grifo gratis a los clientes que la pidan, se prohibirá la venta de artículos de plástico de un solo uso como platos, cubiertos y pajitas, y los comerciantes cobrarán por vasos y envases de plástico de comida rápida a partir de 2023.

El Congreso deberá refrendar también obligaciones de marcado para toallitas o los productos de higiene femenina, que los residuos producidos deberán pesar un 13% menos en 2025 y un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10% de reducción a partir de 2020. El texto contempla actuaciones contra el despilfarro de alimentos para bajar el 50% de alimentos desechados por cada integrante de un hogar, la distribución minorista y consumo en hoteles, restaurantes y cafeterías, y rebajar un 20% las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.

Cuando la ley sea aprobada quedará prohibida también la destrucción de excedentes de productos no perecederos no vendidos, tales como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa debiendo destinarse preferentemente a reutilización, así como la liberación intencionada de globos.

Las organizaciones ambientales consideran que el proyecto de ley es «poco ambicioso» y reclaman que en su tramitación parlamentaria se aumenten las exigencias. La responsable de recursos naturales de Amigos de la Tierra, Adriana Espinosa, ha destacado a Ep que con el proyecto de ley se repiten «las mismas fórmulas obsoletas de hace diez años» que han resultado «fallidas». Y recuerda que «casi el 70% de los residuos municipales cada año acaban en vertederos o incineradoras».

El responsable de este área en Greenpeace, Julio Barea, critica que el proyecto aprobado no soluciona el abandono «masivo» de los envases de bebidas y que los impuestos «aislados» e «insuficientes» que establece son tan solo «una tirita que no curará» un sistema de gestión de residuos que está «enfermo de manera sistémica».