La estrategia educativa de un gobierno gatopardista

Transcurridos unos meses de la publicación de la nueva Ley Orgánica de Educación y conocidos los textos de sus decretos de desarrollo, es posible hacerse una idea más completa de cómo quieren que sea la educación en España el PSOE, Podemos y sus socios parlamentarios. Como es bien conocido, la Ley Celaá es una norma que se elaboró durante la pandemia a espaldas de la sociedad y sin debate público. La tramitación parlamentaria fue realmente vergonzosa: fue la primera ley de esta naturaleza que se tramitó en España sin la comparecencia de expertos en la comisión del Congreso de los Diputados, en una semana se sustanciaron 1.000 enmiendas y su paso por el Senado se despachó en 7 días. Y todo ello para elaborar una de las normas más importantes para el futuro de España: la Ley Orgánica de Educación.

Su característica fundamental es una fuerte carga ideológica derivada de la radicalidad del PSOE de Sánchez, sazonada por sus socios de gobierno de Podemos y los apoyos parlamentarios de ERC y Bildu. Así, se dotó de rango normativo a una primera tanda de mantras de la izquierda española: la limitación de la libertad de elección de los padres, el ataque a la concertada para dejarla como sistema subsidiario, el destierro de la educación diferenciada, la eliminación de los centros de educación especial o la supresión del carácter de lengua oficial y vehicular del español en la norma educativa. En definitiva, un conjunto de dislates, impropios de una sociedad avanzada del siglo XXI, que no suponen ninguna mejora de la educación.

A pesar de esto, desde la Comunidad de Madrid insistimos, desde un primer momento, que lo más dañino de la Ley Celaá era su obsesión en rebajar la calidad de la educación, especialmente la pública. Y así lo estamos viendo a través del desarrollo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Desarrollo que persigue una devaluación y empobrecimiento de los contenidos, cuidadosamente planificada para conseguir una sociedad más gregaria y menos crítica frente a la nefasta capacidad gestora de los gobiernos socialistas y el populismo de Podemos. Esta segunda ofensiva de la Ley Celaá contra el sentido común es la que ha trascendido este verano, a través de las propuestas de decretos de la nueva ministra Pilar Alegría. Como en El Gatopardo de Lampedusa, Pedro Sánchez ha cambiado a la titular de la cartera de Educación para que todo siga igual.

El escándalo –con la agravante de estivalidad– se inició cuando se conoció el texto del Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación y vimos la desaparición del mérito y el esfuerzo del sistema educativo español. Para ello, este decreto permite obtener el título de bachillerato con un suspenso, superar la ESO sin límite de estos y arrebata competencias a las Administraciones educativas –a las comunidades autónomas– para que no puedan regular y poner coto de alguna manera a esta sinrazón.

Implantado el aprobado general en nuestro sistema educativo, irrumpe ahora la tercera ofensiva de la Ley Celaá: la rebaja de los conocimientos que los alumnos deberían adquirir a través de los proyectos de decreto de currículo de infantil y primaria. A quienes han redactado estos textos se les ha llenado la boca de la perspectiva socio-emocional en las matemáticas, la perspectiva de género en todas y cada una de las asignaturas o la felicidad de los alumnos, pero han olvidado la regla de tres, los números romanos, los dictados y otras prácticas de la actividad lectiva que consolidan el aprendizaje básico. Como han denunciado estos días muchos profesores, los nuevos currículos demuestran que los que los han elaborado no pisan jamás un aula. Si lo hicieran, conocerían la utilidad pedagógica de los contenidos y sabrían que la igualdad, la sexualidad o la ecología ya se abordan con normalidad y de forma transversal en todas las asignaturas desde los años 80. El problema es que ahora se da una vuelta de tuerca más y se esgrime, una supuesta defensa de valores, para entrar de lleno en el adoctrinamiento desde la más tierna infancia, a costa de la calidad educativa.

En la Comunidad de Madrid hemos dado pruebas, una y otra vez, de que no permanecemos inmóviles ante el avance del matrix educativo de Sánchez. Frente a la Ley Celaá, dentro del margen de nuestras competencias, protegimos el derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos, ya sea público, concertado, privado, diferenciado o especial. Y, como respuesta a los nuevos desvaríos del Gobierno, reforzaremos los contenidos de nuestros programas educativos, daremos un nuevo impulso a la digitalización de las aulas y reduciremos las actuales ratios con el fin de lograr la máxima individualización en el aprendizaje. Además, hemos adquirido el compromiso de poner en marcha una mejora radical de la formación del profesorado, un elemento esencial del sistema educativo totalmente olvidado en la Ley Celaá y sus decretos de desarrollo, en los que se relega al profesor al papel de personaje accesorio y se le reconvierte en un activista, dinamizador o comisario político que, en lugar de enseñar álgebra y literatura, debe introducir la ideología de manera forzada en cada temario.

Esta sucesión de acontecimientos pone de manifiesto que la izquierda no tiene la más mínima intención de alcanzar jamás un pacto educativo entre las fuerzas políticas, digan lo que digan sus líderes. La carga ideológica que han desplegado en todo este proceso nos revela una utilización espuria de la educación con el objetivo único de perpetuarse en el poder; no interesan la pluralidad ni el pensamiento crítico, lo que se busca es una sociedad conformista, maleable y sumisa con el fin de moldear un nuevo hombre gregario que no piense por sí mismo.

La escuela es, en su esencia, el lugar de aprendizaje donde los niños adquieren y consolidan los conocimientos y competencias básicas para desenvolverse en la vida. No podemos permitir que las palabras en las que se envuelve la enseñanza estén impregnadas de sesgo ideológico y desvirtúen la misión sagrada de la educación, que es la de formar ciudadanos libres, iguales y con criterio propio. En la Comunidad de Madrid no habrá adoctrinamiento. El gatopardo Sánchez ha tropezado esta vez con quienes sí queremos verdaderos cambios y mejoras en nuestro sistema educativo.