Canarias podría impedir trabajar a quien no esté vacunado

El decreto ley publicado ayer en el BOC a pedir el certificado de vacunación completa contra la covid-19 o pruebas diagnósticas negativas para desempeñar determinados puestos de trabajo

En la imagen, una joven recibe su dosis en el centro de vacunación habilitado en el muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura.
En la imagen, una joven recibe su dosis en el centro de vacunación habilitado en el muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura. FOTO: Carlos de Saá EFE

El pasado lunes, el Gobierno de Canarias publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la nueva normativa que regula las medidas para el control y gestión de la pandemia del covid-19 en las islas. Esta normativa, recogida en el decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, abre la posibilidad a pedir el certificado de vacunación completa contra la covid-19 o pruebas diagnósticas negativas para desempeñar determinados puestos de trabajo.

Cuando Canarias roza el 80% de población diana vacunada con las dos dosis, el Ejecutivo liderado por Ángel Victor Torres publica este decreto ley, aprobado el pasado jueves, que recoge en su artículo 14 lo siguiente: “La denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica. [...] Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación”.

Pero, ¿en qué profesiones se podría impedir trabajar a los no vacunados? Este decreto ley no lo precisa y deja en manos de la autoridad sanitaria, es decir, del propio Gobierno de Canaria, la labor de establecer cuáles son las actividades en las que se precisarán estos certificados: “Lo previsto en el apartado anterior se aplicará por el Gobierno de Canarias, en su condición de autoridad sanitaria, conforme a los requisitos previstos en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales”.

El presidente canario afirmó el pasado jueves que este decreto ley no va a “obligar” a la vacunación de los funcionarios y empleados públicos, pero sí se trata de una fórmula con la que los trabajadores que tengan que presentar pruebas negativas en covid-19 para ejercer su labor, buscando generar la “máxima seguridad sanitaria”.

“¿Qué sentido tiene que un profesor no se quiera vacunar y esté con 30, 25 niños en una clase? Si usted no se quiere vacunar, por lo que sea, tiene que demostrar que, cuando entra en un aula, en un centro sociosanitario, atiende a un enfermo en un hospital o a un ciudadano en una oficina, da un servicio público... Es el primero que tiene que estar libre de covid”, afirmó el pasado miércoles, en una entrevista en ‘Cope Tenerife’, preguntado acerca del contenido del decreto ley publicado en el día de ayer.