La Justicia abre diligencias contra la cúpula del Gobierno por la gestión de la pandemia

Un juzgado de Madrid investiga la querella de Abogados Cristianos por no tomar medidas durante el inicio de la crisis

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El Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid ha ordenado la apertura de diligencias contra la cúpula del gobierno de PSOE y Podemos por su gestión de la crisis del coronavirus tras la querella de Abogados Cristianos.

La asociación inició un proceso penal contra el Gobierno por un presunto delito de prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus. La organización de juristas culpa al Ejecutivo central, entre otras cosas, de no tomar medidas durante las fases iniciales de la pandemia, cuyo estallido se produjo en marzo de 2020, pese a estar informado de la letalidad del virus semanas antes. Como se recordará, varias organizaciones internacionales como la OMS lanzaron semanas antes una alerta sobre la gravedad del virus y pidieron a los países que hicieran acopio de materiales de protección. Pese a ello, los hospitales de nuestro país, los centros de salud, las residencias y la población general carecieron de ellos durante semanas.

La querella presentada por Abogados Cristianos va dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los vicepresidentes en el momento del inicio de la pandemia, Pablo Iglesias y Carmen Calvo; los ministros responsables de la gestión de la crisis: ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ya exministro de Transportes, José Luis Ábalos; y el entonces titular de Sanidad, Salvador Illa; así como contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “todos tenemos un familiar o un amigo que ha muerto por la mala gestión y las mentiras del gobierno en torno al covid, es hora de que se haga justicia a todos ellos”. Denuncia que “un Gobierno al que no le importa la vida de sus ciudadanos, sino únicamente imponer su ideología, debe ser juzgado e inhabilitado, ahora que los jueces y tribunales aún pueden ser independientes”.

Recuerda que “Este Gobierno, sabía que ocultando la realidad del coronavirus hasta después del 8M, ponía en riesgo la vida de los más vulnerables, pero no le importó” e insiste en que “esta forma de actuar es sólo una muestra más de la actitud eutanásica de este Gobierno que desprecia la vida de los mayores y los discapacitados”.