Podemos presiona para dejar a los funcionarios sin Sanidad privada

Unidas Podemos ha vuelto a lanzar un golpe en la línea de flotación de la Sanidad privada y de la asistencia médica que vienen recibiendo los funcionarios públicos dentro del llamado Modelo Muface. En concreto, la formación que respalda al Gobierno ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que reclama que las nuevas incorporaciones que se produzcan en los colectivos hoy protegidos por este modelo (empleados públicos de la Administración Central del Estado, la Justicia –Mugeju– y las Fuerzas Armadas –Isfas–) no pasen a formar parte de él, sino que se incluyan en el régimen general de la Seguridad Social.

Esto implicaría que tendrían que recibir asistencia en la Sanidad Pública, cuyas listas de espera se han disparado a lo largo de la pandemia tanto en número de pacientes como en tiempos de espera para las consultas de especialistas e intervenciones quirúrgicas. La proposición de la formación morada supondría, en caso de llevarse a efecto por parte del Gobierno, «el inicio del fin de un modelo bien consolidado», según denuncia el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que da cuenta de las posibles repercusiones en un informe exhaustivo sobre el particular. En la actualidad, el Modelo Muface presta atención médica a alrededor de 1,8 millones de funcionarios y beneficiarios.

Cada año, más de un 80% de los que trabajan en la administración elige recibir atención en la Sanidad privada y apenas un 20% opta por la pública. Con la iniciativa presentada por Podemos se produciría un trasvase paulatino de pacientes de la privada a la pública, al tratarse de plantillas muy envejecidas que serán reemplazadas paulatinamente por nuevas incorporaciones por medio de ofertas de empleo.

Los defensores del modelo Muface siempre han señalado que esta situación podría colapsar el sistema público e implicaría la muerte de decenas de clínicas y hospitales privados, encareciéndose además el gasto para el Estado. Según los cálculos de la Fundación IDIS, el actual mutualismo administrativo ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año.

«Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita; en concreto, 451 euros». Según el informe del IDIS, el Estado destina 1.368 euros de media al año a cada paciente cubierto por la Seguridad Social. En cambio, cada adscrito al modelo Muface le cuesta 917 euros de media. Los cálculos del IDIS cifran en alrededor de 3.000 millones de euros el coste final para el Estado de la atención a los mutualistas en caso de una hipotética desaparición del modelo de mutualidades, sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a esos 1,8 millones de personas. Bajo el régimen actual, ese coste es de alrededor de 2.230 millones.

IDIS aporta otra información relevante. En caso de consumarse la iniciativa legislativa de Unidas Podemos, la accesibilidad a la asistencia sanitaria que ahora existe se vería afectada de forma importante, «dado que la inexistencia de mutualistas en determinadas zonas motivaría la disminución drástica del número de asegurados y ello repercutiría en la red asistencial, abocando al cierre a una treintena de centros asistenciales privados, lo cual podría provocar a su vez desigualdades en el acceso a la prestación sanitaria». Fuentes sanitarias aseguran a LA RAZÓN que, en este escenario, provincias enteras como Salamanca podrían quedarse sin sanidad privada en caso de desaparecer Muface. «A estas repercusiones se une a nivel social la pérdida de cerca de 39.000 empleos y en el ámbito asistencial el aumento de las listas de espera de consultas externas y de espera quirúrgica».

Según sus cálculos, la demora media podría pasar en las primeras de 88 a 122 días. También se multiplicaría por cinco la ocupación hospitalaria. Por si fuera poco, el Estado ingresaría entre 30 y 33 millones menos en concepto de impuesto de sociedades.