CSIF pide al Gobierno que garantice las mutuas sanitarias a los funcionarios tras las presiones de Podemos para suprimirlas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios. Desde CSIF “lamentamos las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva. En este sentido, reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración. CSIF también reclama a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años estableciendo unas condiciones que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben a diario en torno a 2,1 millones de personas (entre mutualistas y familiares beneficiados) en toda España. De lo contrario, estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia. Desde CSIF recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria. Además, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio.

Traspaso de competencias a la Seguridad Social Esta iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional. El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa. CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”. Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una olead a de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.

Rechazo de la sanidad privada

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación Idis), que aglutina a las principales empresas sanitarias de España, ha manifestado su rechazo a la Proposición No de Ley (PNL) del grupo Unidas Podemos en el Congreso para que las nuevas incorporaciones de los colectivos acogidos al mutualismo se incluyan en el régimen general de la Seguridad Social, lo que supondría “el inicio del fin de un modelo bien consolidado”, el cual “ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año”.

Así se desprende de un informe elaborado por la Fundación Idis que analiza el impacto de un hipotético cambio de modelo de las mutualidades y que analiza su evolución y aportaciones, hecho público por la entidad a través de un comunicado tras tener noticia del registro de la PNL este jueves.

En este sentido, el informe señala que “el mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año”. “Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos”, explica Fundación Idis.

Por otra parte, el mencionado informe señala que el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante una hipotética desaparición del modelo de mutualidades sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros (frente a los 2.230 actuales), sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a los cerca de 1,8 millones de asegurados mutualistas.

Otro de los aspectos que, según la Fundación Idis, es necesario tener en cuenta es que la “accesibilidad” a la asistencia sanitaria “se vería afectada de forma importante”, debido a que “la inexistencia de mutualistas en determinadas zonas motivaría la disminución drástica del número de asegurados y ello repercutiría en la red asistencial, abocando al cierre a una treintena de centros asistenciales privados, lo cual podría provocar a su vez desigualdades en el acceso a la prestación sanitaria”.

A estas repercusiones se uniría, a nivel social, la pérdida de cerca de 39.000 empleos y, en el ámbito asistencial, el aumento de las listas de espera de consultas externas (el análisis calcula un incremento de 88 a 122 días), del tiempo de espera quirúrgica, que se multiplicaría por 5 de la ocupación hospitalaria, y de los índices de ocupación hospitalaria, pudiendo pasar del 83% al 98%, según concluye el propio informe.

Asimismo, la Fundación Idis advierte del impacto que el cambio del modelo tendría en zonas con escasa población, ya que en algunos territorios los hospitales asociados al mutualismo podrían desaparecer dejando sin cobertura sanitaria a la población asistida, y recuerda que en algunos casos estos hospitales son los únicos de estas áreas.

Por otro lado, el informe cifra entre 30 y 33 millones de euros la pérdida de recaudación en concepto de Impuesto de Sociedades por el impacto que tendría sobre las compañías aseguradoras y sobre los grupos hospitalarios privados un cambio de modelo dirigido a la paulatina desaparición del mismo. SATISFACCIÓN

Aparte de las repercusiones mencionadas, la Fundación Idis recalca que “existe una satisfacción generalizada por parte de los mutualistas con este modelo y con la asistencia ofrecida por las compañías aseguradoras, como atestigua el hecho de que más del 80% de los funcionarios que pueden voluntariamente elegir opten por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad”.

Así, la entidad concluye que “el modelo beneficia al Estado, al contar con una previsión de gasto fija, y le genera beneficios económicos que redundan en una mayor eficiencia”; “aporta accesibilidad de los ciudadanos a la asistencia sanitaria”; “ayuda al mantenimiento de empleo cualificado y de la actividad de compañías que tributan por ella”; y “permite la existencia de centros hospitalarios en zonas con escasa población”.

Además, asegura que “mejora la calidad de la asistencia al absorber demanda de pacientes y favorecer la menor ocupación hospitalaria pública y la reducción de las listas de espera”, y subraya la “satisfacción de los propios usuarios”.

Por todo ello, la Fundación Idis hace un llamamiento a la Comisión de Sanidad del Congreso para que, de cara al debate de la mencionada PNL, sean tenidos en cuenta todos estos aspectos, ya que “el modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario”, y “la desaparición del modelo implicaría un terremoto que a modo de dominó afectaría a todo el sistema”.