El Congreso activará en octubre, siete meses después de aprobarla, la investigación sobre el proceso de vacunación

La comisión del Congreso que investigará diversos aspectos relacionados con el proceso de vacunación contra la covid-19 arrancará en octubre sus trabajos, siete meses después de su aprobación. Fue el pasado 11 de marzo cuando el Pleno de la Cámara Baja, con la única abstención de Vox y el PNV, acordó poner en marcha esta comisión de investigación, que en su día impulsaron Más País-Equo y Compromís.

Sin embargo, la comisión no se constituyó hasta junio, cuatro meses después de su aprobación y justo antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones, y eso pese a que sus promotores, pero también el PP, reclamaron en diversas ocasiones activarla ya.

Finalmente, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la labor efectiva de la comisión que preside el socialista Guillermo Meijón comenzará en octubre, previsiblemente la primera semana, para cuando se espera que esté vacunado el grueso de la población española.

Como suele ser habitual en las comisiones parlamentarias de investigación, con su arranque los distintos grupos del Congreso deberán diseñar un plan de trabajo y definir un calendario de comparecencias. El objetivo de esta comisión es analizar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como investigar a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara.

Asimismo, tendrá entre sus retos averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión deberá investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para no repetir estas prácticas “irregulares” en lo que resta del proceso de vacunación.

Y es que, según el texto de la iniciativa, en plena tercera ola ha seguido habiendo “fallos en la ejecución del plan de vacunación, “con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento”.